Más de 280 exfuncionarios de EPM publicaron un comunicado en el que manifiestan su preocupación ante la crisis que enfrenta la compañía.
Los exfuncionarios aseguran que, de acuerdo con los estatutos, EPM es una institución estructurada para el largo plazo y que no puede estar sujeta a coyunturas políticas o empresariales.
Desde el viernes pasado, Quintero ha estado anunciando los reemplazos para la junta directiva de la empresa, luego de la renuncia de ocho de los nueve miembros, quienes argumentaron que no habían sido tenidos en cuenta en la decisión de comenzar acciones legales por $9,9 billones contra los constructores, interventores y aseguradores de proyecto hidroeléctrico Hidroituango por la emergencia que ocurrió en 2018.
de ‘BBB’ a ‘BBB-’ y mantuvo el Rating Watch Negativo. De acuerdo con Fitch, la rebaja se debe a la intervención del dueño de EPM, es decir, la ciudad de Medellín, en la gestión de la empresa, “lo que representa un deterioro de los controles de gobierno corporativo en la empresa”. La calificación BBB- está a un escalón de perder el grado de inversión.
En cuanto a las acciones legales sobre Hidroituango, afirman que “cualquier aspecto que impacte la organización y la sociedad a la que sirve, debe provenir de los mecanismos institucionales internos y no de imposiciones de ninguna naturaleza”.
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