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Humberto de la Calle, exnegociador de paz, reconoce errores y demoras en la JEP y pide que se adapte a la austeridad fiscal, a 10 años del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz.
En el marco del décimo aniversario del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, presidida por José Jaime Uscátegui, organizó un debate para reflexionar sobre lo ocurrido desde aquella votación del 2 de octubre de 2016, en la que ganó el No con el 50,21 por ciento de los votos. En el evento participaron exnegociadores, opositores, víctimas y firmantes del acuerdo.
Humberto de la Calle y su análisis de la JEP
Uno de los asistentes fue Humberto de la Calle, quien lideró el equipo negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos durante las conversaciones con las Farc en La Habana. En su intervención, De la Calle se refirió a la situación actual de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reconoció que el tribunal ha cometido errores y ha tenido demoras en el trámite de los procesos.
Sus declaraciones se producen en medio del ajuste presupuestal que enfrenta la jurisdicción, que podría ser de unos 170.000 millones de pesos, y de los cuestionamientos por los tiempos que ha tomado en el avance de los macrocasos y la expedición de decisiones.
De la Calle señaló que la JEP tiene actualmente un volumen importante de procesos y que esa carga debe ser tenida en cuenta al analizar su funcionamiento. Sin embargo, también sostuvo que la jurisdicción debe reconocer sus dificultades internas y adaptarse al escenario fiscal del país.
El exnegociador afirmó que hay que reconocer que la JEP ha cometido errores, que se ha demorado y que se sostiene que es un aparato burocrático muy grande. En ese sentido, consideró que la JEP no debería quedar al margen de las medidas de austeridad que se están aplicando a otras entidades del Estado.
De la Calle manifestó que la JEP no puede negarse a un adelgazamiento por razones fiscales, y que si hay una fiscalidad restringida para todos, no hay ninguna razón para que la JEP no haga un esfuerzo buscando acomodarse a la nueva circunstancia fiscal. Planteó que precisamente en ese punto puede estar una de las discusiones que debe abordar la jurisdicción: cómo mantener el cumplimiento de sus funciones frente a un escenario de menores recursos.
El delito político y su pérdida de vigencia
En sus declaraciones, De la Calle también se refirió, aunque de manera tangencial, a otra de las discusiones relacionadas con la justicia transicional: la vigencia del concepto de delito político. Dijo compartir la tesis expuesta por el representante de Euskadi, según la cual el delito político estaría perdiendo vigencia en diferentes partes del mundo.
El exnegociador afirmó que comparte la tesis de que el delito político está periclitando en todo el mundo. Según explicó, el concepto histórico del delito político estaba ligado a una determinada concepción de las acciones contra el Estado y a la idea de que estas podían estar motivadas por fines considerados altruistas. A su juicio, esa concepción pierde fuerza en sociedades democráticas.
De la Calle concluyó que si brilla la democracia, el delito político pierde ese sentido altruista que lo iluminaba en la voz de los grandes autores de derecho penal.
Contexto del plebiscito y los retos actuales
El plebiscito del 2 de octubre de 2016 fue un momento decisivo para el proceso de paz con las Farc. La victoria del No con el 50,21 por ciento de los votos llevó a una renegociación del acuerdo que finalmente se firmó en noviembre de ese año. Diez años después, el debate en la Comisión Primera de la Cámara refleja las tensiones persistentes en torno a la implementación y el funcionamiento de la justicia transicional.
La situación actual de la JEP, con un ajuste presupuestal de unos 170.000 millones de pesos, plantea interrogantes sobre su capacidad para avanzar en los macrocasos y tomar decisiones en los tiempos requeridos. Las declaraciones de De la Calle se suman a las voces que piden una revisión de su estructura y funcionamiento.
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