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A hoy persisten un total 105 personas desaparecidas y el saldo mortal va en 335 personas fallecidas. Ayuda billonaria del sector privado empieza a focalizarse.
Viernes, 2 de Octubre de 2026Han pasado casi dos meses desde el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al occidente de Colombia el 10 de agosto y que dejó una emergencia de grandes proporciones.
Con corte al 28 de septiembre, el balance oficial reportaba 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 105 desaparecidas, además de 364 rescatadas según el último reporte de Registro Único de Damnificados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres . La emergencia alcanzó 500 municipios de 16 departamentos y dejó 486.917 personas afectadas, agrupadas en 303.934 familias.
A esto se suman 36.478 viviendas destruidas y 206.931 averiadasDesde las primeras horas posteriores al sismo, las autoridades nacionales y territoriales concentraron sus esfuerzos en la atención humanitaria y actualmente en la recuperación de los territorios en diferentes frentes. Uno de los principales frentes es la vivienda. En septiembre, durante una visita al departamento del Chocó, el Gobierno Nacional, junto con la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, anunció la construcción y entrega de 1.000 viviendas destinadas a familias damnificadas .
La primera de estas soluciones habitacionales fue entregada en Quibdó por el propio mandatario. El proyecto contempla 500 viviendas en Chocó, 235 en Valle del Cauca, 100 en Risaralda, 100 en Caldas, 40 en Quindío y 25 en Antioquia.
“Desde el primer momento les dije a los afectados que no estaban solos, que tenían un presidente, y les dije a todos que la Patria Milagro la íbamos a hacer con celeridad. En Quibdó entregamos la primera vivienda de 1.000 y quise venir personalmente a entregar esta vivienda. Con cada llave que entregamos hay una nueva oportunidad, y hoy esa familia es la familia Asprilla”En materia de salud, la reconstrucción también enfrenta un desafío considerable.
Los reportes oficiales registraron daños en cientos de centros asistenciales En Chocó, como parte de las medidas de respuesta, fue entregada una unidad médica móvil en Quibdó, equipada para prestar servicios de atención primaria y acercar la asistencia a comunidades que requieren atención. En las capitales y principales ciudades afectadas también se han desarrollado acciones para recuperar infraestructura y espacios públicos.
En Cali, por ejemplo, las autoridades comenzaron intervenciones orientadas a recuperar diferentes zonas de la ciudad y restablecer espacios vinculados con la actividad cultural y turística. La ciudad también ha recibido acompañamiento para revisar las decisiones adoptadas después del terremoto. La Ungrd y Naciones Unidas han participado en ejercicios de evaluación sobre la atención de la emergencia, las dificultades encontradas y los retos pendientes.
Entre los asuntos revisados están la seguridad de las edificaciones, la continuidad de servicios esenciales, la preparación comunitaria y la planificación urbana frente a futuros eventos. El proceso se articula con la iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes 2030, que busca fortalecer las capacidades locales para conocer y reducir los riesgos.
En este proceso, la Ungrd y las Naciones Unidas realizaron una revisión de las acciones adelantadas por la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca desde la ocurrencia del terremoto. La jornada permitió identificar avances, dificultades y retos que todavía permanecen en materia de recuperación. En materia de ayudas económicas, la Alcaldía de Cali informó que, hasta el 24 de septiembre, se habían entregado más de $9.300 millones a 8.963 damnificados.
Estos recursos hacen parte de las medidas adoptadas para apoyar a las personas que sufrieron pérdidas como consecuencia del terremoto. La recuperación también incluye soluciones habitacionales y otras acciones coordinadas entre la administración distrital y el Gobierno Nacional, con el propósito de atender las necesidades más urgentes de las familias que resultaron afectadasAdemás, la ciudad adelanta procesos de demolición de edificaciones afectados por el terremoto.
El alcalde Alejandro Eder aclara las proyecciones que se tiene para la recuperación: “en distintos puntos de Cali son más de 30 las edificaciones que, de acuerdo con los análisis de los ingenieros, requieren demolición. Esperamos que antes de terminar este año, podamos iniciar la reconstrucción de, al menos, uno de estos edificios y seguir recuperando nuestra ciudad”En Risaralda también se habilitaron mecanismos de apoyo para las familias que perdieron sus viviendas o quedaron con inmuebles inhabitables.
E l Gobierno Nacional anunció un auxilio de arrendamiento de $1.050.000 mensuales durante tres meses, con posibilidad de prórroga por otros tres. El beneficio está dirigido a hogares previamente censados e incluidos en el Registro Único de Damnificados.
En Pereira, además, la administración municipal destinó recursos para apoyar a comerciantes afectados, con ayudas de hasta $5 millones para 1.400 negocios, mediante una estrategia ejecutada junto con la Cámara de Comercio y estará a cargo del gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño. La recuperación económica es otro de los componentes de la respuesta.
En Pereira, la Alcaldía anunció una bolsa de hasta $7.000 millones de recursos propios para respaldar a los comerciantes afectados y contribuir a la reactivación de la actividad productiva. El gran esfuerzo, el verdadero esfuerzo, el verdadero apalancamiento financiero lo tiene el gobierno nacional. Las arcas municipales tienen muy poco. Y con eso poco que tenemos hemos venido ayudando.
Lo acabo de decir. Con la Cámara de Comercio, para dar transparencia, hemos pedido que nos defina 1.400 comerciantes damnificados para darle 5 millones de pesosLa educación ha sido otro de los frentes prioritarios. El Ministerio de Educación informó que, al 24 de septiembre, el 99,3 % de la matrícula afectada ya contaba con servicio educativo activo: 1.266.327 estudiantesRisaralda y Quindío habían alcanzado el 100 % de reactivación, mientras Valle del Cauca registraba 98,8 % y Chocó 95,9 %.
Esto significa que, aunque la mayor parte del sistema volvió a operar, todavía quedaban estudiantes pendientes de retornar plenamente a sus actividades académicas. Pereira refleja las dificultades que persisten en infraestructura educativa. De 111 establecimientos oficiales evaluados inicialmente, 47 eran habitables, 48 tenían uso restringido, 13 presentaban peligro de colapso y tres permanecían pendientes de inspección. Por ello, el regreso a clases se organizó mediante presencialidad, alternancia y modalidades remotas, según las condiciones de cada sede.
El objetivo es mantener el servicio educativo sin exponer a estudiantes, docentes y trabajadores mientras se determinan las intervenciones necesarias. El Fondo Milagro, creado como patrimonio autónomo para administrar recursos destinados a la asistencia humanitaria, recuperación, rehabilitación y reconstrucciónEl pasado 1 de octubre, el Gobierno informó que Tiendas D1 y la Fundación Santo Domingo aportarían $20.000 millones adicionales en alimentos y productos de primera necesidad para beneficiar durante seis meses a 25.000 familias.
La operación estará a cargo de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, en alianza con el Fondo Milagro. El aporte se suma a otras donaciones empresariales anunciadas desde los primeros días de la emergencia. Según informó el Gobierno, al 23 de agosto los aportes de empresarios y grandes grupos económicos para la reconstrucción ya superaban los $2 billones.
Estos recursos se incorporan a una respuesta que, después de casi dos meses, comienza a mostrar avances concretos, pero que todavía enfrenta una tarea extensa.
“Gracias al sector privado por responder al llamado de Colombia. Cuando el Estado, los empresarios y la sociedad trabajan unidos, la esperanza se convierte en hechos”Sin embargo, hay dudas sobre el funcionamiento del Fondo Milagro. Una de las congresistas de oposición, la Representante Catherine Juvinao, ha señalado que las donaciones y los recursos destinados a atender la emergencia son una de las preguntas pendientes.
“Las víctimas tienen derecho a saber cuánto ha llegado, quién lo administra y en qué se está gastando. La plata de las víctimas se respeta. Y las cuentas se rinden”
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