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El ministro Miguel Gómez sostuvo que los recursos que se inyectarán a Air-e no constituyen un “saneamiento de responsabilidades”, sino que tienen como propósito “enfrentar el riesgo que tiene el sistema eléctrico”.
Los recursos que el Gobierno nacional proyecta destinar para atender la situación de Air-e no representan un “salvamento de la compañía”, sino una medida temporal para evitar que sus dificultades financieras terminen comprometiendo la estabilidad del sistema eléctrico.
Así lo aseguró el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante una intervención en un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. En dicho espacio, fue enfático al sostener que la Nación no pretende asumir las consecuencias de los problemas que arrastra la empresa ni eximir de responsabilidades a quienes tuvieron participación en su manejo.
“Nosotros no tenemos por qué salvar a una compañía que fue entregada a las garras de la politiquería y de la corrupción, que se la robaron y que hoy en día no presta un buen servicio”, sostuvo Gómez. En ese sentido, explicó que los recursos que se destinen a la compañía tendrán como finalidad atender temporalmente sus obligaciones y responder al momento de estrés que atraviesa el sistema eléctrico de la región Caribe.
“La medida no constituye un saneamiento de responsabilidades. Al revés, este Gobierno va a exigir que quienes malversaron los recursos de esa compañía, que quienes, con sus contactos políticos, se hicieron a esos recursos, sean investigados por eso”, agregó. El ministro también recalcó que la intervención financiera que se plantea no constituye una solución definitiva para los problemas que enfrenta la prestación del servicio de energía en la región.
Visión nacional de la crisis Gómez sostuvo que la situación de Air-e y, en general, las dificultades en la prestación del servicio en la Costa Caribe no pueden ser entendidas exclusivamente como un problema regional, debido a las consecuencias que podrían derivarse para el sistema eléctrico nacional.
“El problema de suministro de energía a la Costa Caribe puede contagiar la totalidad del sistema eléctrico”, advirtió el funcionario. Por esa razón, insistió en que las medidas que adopte el Gobierno deben estar encaminadas a contener ese riesgo mientras se avanza en soluciones de fondo para garantizar la sostenibilidad del servicio.
Por ese motivo, el ministro pidió avanzar en el trámite del proyecto de ley 401, presentado con mensaje de urgencia, con el cual el Gobierno busca realizar un traslado presupuestal por $1,2 billones para atender las necesidades del sistema eléctrico de la Costa Caribe.
“Ese recurso tiene un único propósito: ayudar en estos momentos de estrés que tiene el sistema en la Costa Caribe”, explicó. Gómez reconoció, sin embargo, que la inyección de estos recursos tampoco permitirá solucionar de manera definitiva las dificultades que enfrenta el sector.
Los recursos destinados por el Gobierno Durante su intervención, el ministro hizo un recuento de los recursos que la Nación ha tenido que destinar durante los últimos años para responder a la crisis del sector eléctrico de la región Caribe. Según expuso, en 2020 se otorgaron créditos de tesorería por $3,9 billones al Fondo Empresarial para atender necesidades de capital. Estos recursos, indicó, no fueron cancelados y terminaron siendo asumidos por la Nación.
A esto se sumaron créditos bancarios respaldados con garantía de la Nación por $864.000 millones durante 2021. De acuerdo con Gómez, ante la imposibilidad del Fondo Empresarial de responder por dichas obligaciones, estas también tuvieron que ser asumidas por el Gobierno nacional.
Asimismo, señaló que en 2022 la Nación asumió cerca de $2,7 billones correspondientes al pasivo pensional de Electricaribe.
“Todo esto sumado son $7,5 billones”, sostuvo el ministro, quien estimó que, al llevar esos recursos a valores actuales, la cifra podría ubicarse alrededor de los $11 billones. “Este no es un problema nuevo” El ministro recordó que las dificultades financieras y operativas del sistema eléctrico de la Costa Caribe anteceden a la existencia de Air-e y se remontan varias décadas atrás.
Para ilustrarlo, evocó la situación de la antigua Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica , cuyo déficit llegó a tener un peso considerable sobre las cuentas fiscales de la Nación.
“Este no es un problema nuevo. No es un problema que estemos afrontando el día de hoy y que nos haya sorprendido a todos. Es un problema que vivimos desde hace años, décadas, y que no se ha resuelto”, señaló. También recordó el proceso de Electricaribe y los recursos públicos que posteriormente tuvieron que destinarse para atender las obligaciones que dejó la compañía.
Para Gómez, esta sucesión de crisis demuestra la necesidad de dejar de “patear los problemas hacia adelante” y avanzar hacia una transformación estructural del modelo de prestación del servicio en la región.
“¿En diez años vamos otra vez a tener a los personeros de los municipios de La Guajira diciendo que no hay suministro confiable de energía? ”, cuestionó.
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