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Personería, Defensoría y Procuraduría piden al alcalde Galán avanzar en la política pública para víctimas del conflicto en Bogotá, donde persisten pobreza y vulnerabilidad.
La Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría hicieron un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán para avanzar de manera más contundente y focalizada en la política pública para víctimas del conflicto armado. La comunicación, conocida por El Espectador, advierte que, a pesar de la ejecución presupuestal, la mayoría de esta población continúa en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Bogotá, principal receptora de víctimas
Según el Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado, a septiembre de 2025, 379.893 personas llegaron a Bogotá para empezar de cero. Más de la mitad son mujeres y en su mayoría tienen entre 29 y 60 años.
Las localidades con mayor proporción de llegada son La Candelaria, con 82,7 por ciento; Santa Fe, con 74,7 por ciento; y Los Mártires, con 61,5 por ciento. En el sur y suroccidente se concentran sobre todo en Ciudad Bolívar, con 58,9 por ciento, y Bosa, con 57,9 por ciento.
La mayoría llega a la capital por desplazamiento forzado, amenazas, homicidios, desaparición forzada y pérdida de bienes. José, firmante de la paz, su esposa Natalia y sus hijos de 2, 7 y 11 años huyeron de una vereda de Hacarí, en Norte de Santander, por amenazas del ELN. Tras cuatro días de travesía, llegaron a Bogotá el 19 de enero de 2025.
Plan de Acción Distrital bajo la lupa
La Ley de Víctimas y otras normativas obligan a los entes territoriales como Bogotá a atender, asistir, reparar integralmente y dar garantías de no repetición a las víctimas del conflicto armado que residen en su jurisdicción. Para ello, el Plan Distrital de Desarrollo y el Plan de Acción Distrital (PAD), que encabeza la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación y articula con 21 entidades distritales, son las hojas de ruta.
La Personería, la Defensoría y la Procuraduría pusieron la lupa de seguimiento y vigilancia a este Plan de Acción. En un pronunciamiento conocido, expresaron generalidades de cara a la segunda sesión ordinaria del Comité Distrital de Justicia Transicional, realizada el pasado 27 de agosto, donde asistió, entre otros, el alcalde Galán. Este espacio mixto articula desde 2015 a entidades distritales y nacionales, así como a vocerías de las mismas víctimas, para ajustar y elaborar planes de acción.
Previo a esta sesión, la Comisión Distrital de Bogotá del Ministerio Público se pronunció sobre cuatro puntos de la agenda. Uno de ellos fue el seguimiento al Plan de Acción Distrital 2024-2027, que busca responder a las necesidades de las víctimas, en particular el desarrollo de los territorios marginados y empobrecidos, garantizar la atención a la población vulnerable y la participación de liderazgos de paz.
Avances y limitaciones en la ejecución
De acuerdo con las entidades, en su rol de garantes de los derechos humanos y del cumplimiento de las normas, reconocen los avances del PAD durante el segundo trimestre de 2026. Destacan un cumplimiento físico del 72,79 por ciento y una ejecución presupuestal del 54,31 por ciento.
También resaltan los componentes de Atención, con 94,44 por ciento de ejecución física; asistencia, con 83,48 por ciento; prevención, protección y garantías de no repetición, con 86,19 por ciento; verdad, memoria y reconstrucción del tejido social, con 47,50 por ciento; y ejes transversales, con 81,11 por ciento.
No obstante, las entidades identifican una situación transversal que termina por limitar el análisis de estos resultados. La Consejería de Paz defiende los avances, mientras el llamado al alcalde Galán insiste en avanzar de manera más contundente y focalizada para superar la pobreza y vulnerabilidad que aún afecta a la mayoría de las víctimas en Bogotá.
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