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Sala Penal del Tribunal respaldó el llamado de la Corte Constitucional por aumento de acciones de tutela y advirtió sobre la carga que para los despachos.
Una alerta sobre la capacidad de respuesta de la justicia en Bogotá fue lanzada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá , que expresó su respaldo al llamado realizado por la Corte Constitucional frente al incremento de las acciones de tutela que deben resolver diariamente los jueces.
En un comunicado fechado el 30 de septiembre de 2026 , la Sala Penal señaló que el crecimiento de estos procesos está generando una carga significativa para los despachos judiciales y para los funcionarios encargados de atenderlos. También le puede interesar: Bruce Mac Master renunció a la ANDI tras semanas de tensión con el Gobierno de De La Espriella: ¿salió por presión?
Bogotá concentra más del 20 % de las tutelas del país Uno de los datos que puso sobre la mesa el Tribunal Superior es el peso que tiene la capital dentro del volumen nacional de acciones de tutela. Según los reportes estadísticos de la Corte Constitucional , el Distrito Capital concentra el 20,64 % de las acciones de tutela del país .
Para la Sala Penal, esta proporción representa una carga especialmente importante para los juzgados de Bogotá, que deben responder a estos mecanismos dentro de los términos establecidos debido a su finalidad de protección de derechos fundamentales . La tutela es un mecanismo constitucional diseñado para proteger derechos fundamentales cuando estos resultan amenazados o vulnerados. Precisamente por la naturaleza de este recurso, los jueces deben tramitarlo con rapidez.
Lea también: Karma: Tras cometer violento robo a extranjero, la comunidad les dio ‘cariño’ a un par de presuntos ladrones El aumento de tutelas preocupa a los tribunales La Sala Penal reconoció que la acción de tutela cumple una función esencial dentro del sistema judicial, pero señaló que el crecimiento sostenido de las solicitudes está generando dificultades institucionales. El problema, según el Tribunal, no se limita al número de tutelas .
Los despachos también deben atender las demás competencias constitucionales y legales que tienen asignadas. Esto puede afectar la capacidad disponible para resolver oportunamente los procesos propios de la jurisdicción ordinaria. Puede leer: Pasaportes en la mira: Contraloría revisará contratación de emergencia de la Cancillería ¿Qué está pasando con los funcionarios judiciales? El Tribunal también llamó la atención sobre la presión que recae sobre los trabajadores de la Rama Judicial.
Los funcionarios deben asumir un volumen creciente de actuaciones y muchas de ellas tienen términos perentorios , es decir, plazos que deben cumplirse obligatoriamente. De acuerdo con la Sala Penal, esta situación tiene efectos sobre las condiciones de trabajo y puede incrementar el riesgo psicosocial asociado al ejercicio de la función judicial .
Más noticias: Capturan a auxiliar de enfermería señalado de abusar sexualmente de una paciente que estaba en UCI Tribunal pide medidas para evitar mayores dificultades Ante este panorama, la Sala Penal consideró necesario llamar la atención sobre la magnitud del problema y acompañar el pronunciamiento realizado por la Presidencia de la Corte Constitucional. El objetivo, según el comunicado, es que las diferentes instituciones con competencia en la materia adopten medidas que permitan mantener simultáneamente la protección de los derechos fundamentales y el funcionamiento adecuado de la justicia ordinaria.
El Tribunal no plantea eliminar ni restringir la acción de tutela . Por el contrario, reconoce su importancia como mecanismo para proteger derechos fundamentales. El llamado está dirigido a que las cargas de trabajo de la Rama Judicial tengan correspondencia con los recursos humanos y administrativos necesarios para atenderlas de manera oportuna. Otras noticias: Alerta en Chocó: ELN habría lanzado varios ataques con drones contra la Fuerza Pública en tres días ¿Qué había advertido la Corte Constitucional?
La Sala Penal se sumó al llamado que había realizado el 24 de septiembre la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Meneses , sobre el aumento de las tutelas y sus posibles efectos sobre el funcionamiento de la administración de justicia. El pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá amplía así la preocupación desde los despachos de la jurisdicción ordinaria , particularmente en una ciudad que, de acuerdo con las estadísticas citadas, concentra más de una quinta parte de las tutelas que se presentan en Colombia.
La discusión queda ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán evaluar qué medidas institucionales y recursos son necesarios para atender el volumen de procesos sin afectar el derecho de los ciudadanos a acudir a la tutela.
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