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Una auditoría forense en Ecopetrol examina 32 macrocasos de presunta corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro, con contratos por más de $10 billones y posibles implicaciones penales.
Una auditoría forense interna en Ecopetrol revisa 32 macrocasos de presunta corrupción en la petrolera estatal durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), que involucran contratos por más de $10 billones. La revisión, que durará entre cuatro y ocho meses, está a cargo de Ricardo Rodríguez Yee, exvicecontralor y presidente del Comité de Auditoría y Riesgos de la compañía. Los hallazgos se entregarán a la Fiscalía de Colombia y también al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos.
Oficinas y sedes bajo investigación
El expediente menciona tres ubicaciones clave: la oficina internacional de Ecopetrol en la calle Post Oak de Houston, en un edificio de lujo; el piso 12 de la sede principal en Bogotá, donde despachan la Presidencia, tres vicepresidencias, la dirección de regulación y un grupo de asesores y secretarias; y una clínica veterinaria llamada Sintiendo Huellas, en la calle 85 con carrera 11, en el norte de la capital.
Según los resultados preliminares, los implicados usaron sedes alternas para reunirse, mensajería cifrada para no dejar rastro en los servidores de la empresa y presiones para sacar a técnicos que se negaban a avalar operaciones perjudiciales. Correos, chats y testimonios de altos ejecutivos de Ecopetrol y de filiales como Cenit, ISA y la oficina de Houston se entregan o se recuperan bajo cadena de custodia.
Un vicepresidente de Ecopetrol declaró a El Tiempo que si solo la mitad de esos 32 casos resultan tener asidero penal, el saqueo a Ecopetrol desplazará al de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como el más grande escándalo de corrupción del gobierno Petro. En ese caso ya van más de 10 capturas.
Contratos y presuntos sobornos en Cenit
El caso de mayor tamaño toca a la Vicepresidencia de Abastecimiento de Ecopetrol y a Cenit, la filial que mueve los hidrocarburos por oleoductos y poliductos. Según el informe, un grupo de compañías recibió contratos por más de $10 billones, sumados los de Ecopetrol y su filial Cenit.
Bajo revisión están contratos marco de construcción, obras civiles, geotecnia, tuberías, conexiones eléctricas, mantenimiento de oleoductos, instrumentación de estaciones y seguridad física y electrónica. Todos comparten un patrón: concentración atípica de contratistas y presiones indebidas. Los evaluadores habrían sido forzados a descartar las ofertas más baratas y los pliegos se habrían modificado sobre la marcha para favorecer a un grupo cerrado.
La auditoría rastrea también presuntos sobornos a cambio de entregar presupuestos oficiales y diseños técnicos antes de abrir las licitaciones. En las obras civiles de Cenit, uno de los presuntos implicados fue retirado tras una licencia de paternidad, cuando llegó información sobre pagos de sobornos por entrega de datos.
Personas y empresas mencionadas
En el informe aparece Julián Caicedo, pareja del expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, por presuntas mediaciones en la asignación de contratos marco y órdenes de servicio. Roa negó que Caicedo tuvo que ver con decisiones de la compañía.
Entre las órdenes de servicio bajo revisión figuran cuatro empresas. Una tiene sede en el Huila. Otra, en Barrancabermeja, se llama Conyser SAS y registra contratos con Ecopetrol, incluso de administraciones anteriores, por $79.000 millones en tratamiento de aguas, obras civiles, geotecnia e infraestructura. Su representante legal es Jorge Argüello Beltrán, a quien en medios de Santander identifican como el Bachiller o el Bachi.
El informe de riesgo lo vincula con Iconscol SAS y Serinb Ltda., que suelen presentarse en uniones temporales, y cita testimonios ante la JEP y Justicia y Paz que lo señalarían de presuntos nexos con el Frente Isidro Carreño de las extintas AUC. Argüello no ha sido condenado por esos hechos.
Su apodo suena en un audio que El Tiempo reveló, atribuido a una reunión del catalán Manel Grau en la que ubican a Juan Carlos Hurtado, quien después llegó a la presidencia de Ecopetrol. Allí, un hombre al que llaman Víctor le dice a quien identifican como Hurtado que él es la persona que le recibe la hoja de vida a Jorge, al tal Bachi.
La presunta injerencia de Manel Grau, empresario catalán cercano a Petro y a la exprimera dama Verónica Alcocer, es otro de los macrocasos. Lo confirmó Henao horas antes de dejar la presidencia de la junta. Luis Felipe Henao, vocero de los accionistas minoritarios en la junta, asegura que la auditoría no es un ajuste cosmético sino un mecanismo para blindar el patrimonio de 50 millones de colombianos y lograr que cada contrato resista el escrutinio. Según el informe de riesgo, Henao llegó a comparar la dimensión del caso con un proceso 80.000.
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