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Una auditoría forense al DNI ordenada por el gobierno de De La Espriella halló 147 terabytes, 40 equipos y cinco celulares; el expediente será remitido a la Fiscalía.
La auditoría forense ordenada por el gobierno de Abelardo De La Espriella sobre la Dirección Nacional de Inteligencia ( DNI) puso bajo la lupa la operación de la agencia estatal durante el gobierno de Gustavo Petro y dejó un expediente de hallazgos que ahora será remitido a la Fiscalía. El material recopilado incluye 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo y cinco celulares y tabletas, elementos que ya están bajo cadena de custodia, según la denuncia de la revista Semana. Cerca del 20 por ciento de los más de 500 funcionarios de la entidad también estaría colaborando con los investigadores mediante testimonios y documentos.
Reorganización y estructura bajo sospecha
Uno de los principales focos de la revisión está en la estructura que se configuró después de la reorganización de la DNI mediante el Decreto 1077 del 23 de agosto de 2024. El decreto modificó formalmente la estructura interna de la entidad y creó, dentro de la Dirección de Contrainteligencia, una Subdirección de Asuntos Internos y Seguridad de Activos. La propia DNI ha sostenido que se trató de una reorganización interna que no modificó las funciones legales de la agencia.
Sin embargo, fuentes citadas por Semana sostienen que, durante el gobierno Petro, se consolidó un grupo al que internamente describen como un hoyo negro, con acceso a información reservada y que habría operado con controles insuficientes.
Según esa publicación, ese grupo trabajó de manera articulada con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Dian, y se investigan posibles extralimitaciones en el manejo de información sobre opositores, periodistas y funcionarios.
Nombres mencionados en la investigación
Entre los nombres mencionados en la investigación aparecen el exfiscal Francisco Barbosa, la exvicefiscal Martha Mancera, los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque, los exgenerales Eduardo Zapateiro, Luis Fernando Navarro y Jorge Luis Vargas, además de María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay, Ramiro Bejarano y la periodista Vicky Dávila. Una fuente de la UIAF citada por Semana aseguró que sobre varios de ellos se habrían realizado escuchas, seguimientos y consultas selectivas en bases de datos.
Se trata de señalamientos que deberán ser establecidos por las autoridades mediante las respectivas investigaciones. Frente a estas revelaciones, el exfiscal Barbosa calificó los hechos como de extrema gravedad y advirtió sobre sus posibles implicaciones para la independencia de la justicia. Si los hechos se confirman, constituirían uno de los ataques más graves contra la independencia de la justicia en la historia reciente del país, señaló Barbosa en un comunicado.
Según el exfiscal, el eventual uso del aparato de inteligencia estatal para vigilar al fiscal general habría ocurrido mientras el ente acusador adelantaba investigaciones contra personas cercanas al entonces presidente Gustavo Petro. Para Barbosa, de confirmarse esa actuación, se trataría de un intento por intimidar y neutralizar a la justicia. El exfiscal también fue enfático en señalar que ninguna autoridad administrativa o de inteligencia en Colombia está facultada para interceptar comunicaciones sin una orden judicial.
Presunta infiltración y riesgos de personal
La auditoría también describe un presunto método de infiltración: la creación de una amenaza falsa contra una figura pública, seguida de la asignación de un esquema de protección de la UNP o de la Policía, lo que habría permitido recopilar información detallada sobre la persona bajo vigilancia. Este patrón es presentado en los hallazgos como una de las hipótesis que deberá ser verificada por la Fiscalía.
En materia de personal, el informe conocido señala que al menos la mitad de los funcionarios que ingresaron durante la administración anterior no habría cumplido requisitos de idoneidad o habría perdido la prueba del polígrafo. Más de 100 trabajadores son actualmente considerados factores de riesgo crítico o alto, de acuerdo con la auditoría. También se reportaron diez funcionarios que representarían un alto riesgo de fuga de información y vulnerabilidades en los sistemas de ciberseguridad. Otro hallazgo apunta a funcionarios con doble nacionalidad colombiana y venezolana sobre quienes existen sospechas de posibles irregularidades en sus registros civiles.
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