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La autonomía reproductiva en Colombia incluye garantizar embarazos seguros. Un informe registra 2.248 nacimientos en niñas y adolescentes en el Cauca durante 2024.
En Colombia, la discusión sobre la autonomía reproductiva suele centrarse en la interrupción voluntaria del embarazo, pero otra dimensión queda relegada: qué debe hacer el Estado para que las mujeres que desean ser madres puedan llevar adelante sus embarazos en condiciones seguras, con acceso oportuno a la salud y sin que la pobreza, la violencia o la falta de oportunidades determinen sus posibilidades de ejercer la maternidad. Ese debate también forma parte de la autonomía reproductiva.
De la penalización del aborto a la despenalización
Durante buena parte de la historia reciente de Colombia, la respuesta del Estado frente al aborto estuvo centrada en el derecho penal. El Código Penal de 1980 establecía penas para las mujeres que causaran su propio aborto o permitieran que otro lo realizara. En los casos de embarazos derivados de acceso carnal violento, abusivo o inseminación artificial no consentida existía una pena menor, pero la conducta continuaba siendo considerada delito.
Con la Ley 599 de 2000, que reemplazó ese código, la penalización se mantuvo. El artículo 122 establecía penas de prisión para el aborto consentido, mientras que el artículo 124 contemplaba una reducción de la pena cuando el embarazo fuera consecuencia de determinadas formas de violencia sexual y permitía al juez prescindir de la sanción en circunstancias excepcionales.
La Constitución de 1991, entretanto, reconoció en su artículo 42 el derecho de las parejas a decidir libre y responsablemente el número de hijos. Pero la interpretación constitucional sobre el alcance de ese derecho frente al embarazo se convirtió en uno de los puntos centrales del debate jurídico.
En 1994, al estudiar la constitucionalidad de las normas que penalizaban el aborto, la Corte Constitucional sostuvo que la decisión sobre el número de hijos podía ejercerse antes de la concepción, mientras que la vida en gestación también constituía un bien constitucionalmente protegido.
El cambio decisivo llegó en 2006, con la Sentencia C-355, mediante la cual la Corte estableció que no se incurría en delito de aborto cuando, con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo ocurriera en tres circunstancias: riesgo para la vida o la salud de la mujer, malformación fetal incompatible con la vida y embarazo resultado de determinadas formas de violencia sexual.
La decisión de 2022 cambió el escenario
En 2022, la Corte Constitucional volvió a pronunciarse sobre el aborto y modificó sustancialmente el alcance de la penalización. Mediante la Sentencia C-055 de 2022, estableció que el aborto solo es punible cuando se practica después de la semana 24 de gestación. Incluso después de ese momento, el límite temporal no aplica cuando se presenta alguna de las tres circunstancias establecidas por la Sentencia C-355 de 2006.
La Corte, además, exhortó al Congreso y al Gobierno a formular e implementar una política pública integral que, entre otros aspectos, prevenga embarazos no deseados, garantice educación sexual y reproductiva, elimine barreras para acceder a los derechos reproductivos y contemple medidas de acompañamiento para las mujeres gestantes.
Es precisamente en ese punto donde Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos e integrante del movimiento Causa Justa, ubica una discusión que considera todavía pendiente. Según Rosero, la Sentencia C-055 transformó el marco jurídico de la maternidad no deseada y representó un avance para la autonomía reproductiva, pero no resolvió por sí sola las condiciones sociales y económicas que rodean la decisión de ser madre.
Rosero planteó que un ejemplo muy claro de cómo proteger la vida prenatal sería proveer salud materna a las mujeres que sí desean llevar a cabo un embarazo. A su juicio, todavía existe una brecha importante para garantizar que las mujeres puedan llevar sus embarazos a término sin que su vida esté en riesgo.
Mortalidad materna y maternidad segura
La discusión adquiere otra dimensión cuando se observan las condiciones de acceso a los servicios de salud en diferentes territorios. Un diagnóstico territorial publicado por el Centro de Derechos Reproductivos recoge dificultades relacionadas con la atención obstétrica oportuna, las barreras de traslado desde zonas apartadas y las condiciones derivadas del conflicto armado, además de situaciones de violencia durante la atención médica.
En el Cauca, por ejemplo, el informe registra 2.248 nacimientos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años durante 2024, incluidos 127 nacimientos correspondientes a niñas de 10 a 14 años. Ese mismo año, siete mujeres murieron en el departamento por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.
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