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La denuncia de comunidades rurales en zonas del noreste de Antioquia y el sur de Bolívar revela un bloqueo de combustible por grupos armados, generando riesgo la economía de la zona. La gobernación de Antioquia y las autoridades municipales están buscando una mesa de diálogo urgente para restablecer el abastecimiento de gas.
El fenómeno de cierre de la vía que conecta a Segovia con el interior del Estado de Antioquia, denunciado por comunidades rurales de la zona norte del departamento y del sur de Bolívar, ha generado una reacción inmediata entre las autoridades locales y encomendado la necesidad de establecer un diálogo urgente para proteger la seguridad alimentaria y las actividades económicas de la región.
Según la petición elaborada por los habitantes de cuatro veredas de Remedios (Puente Bagre, Cañaveral, El Carmen y Lejanías), seis de Segovia (La Po, Arenales, Rancho Quemado, Cristalina, Carrizal y Cancha Manila) y cinco de Santa Rosa del Sur (Mina Nueva, Panamá Nueve, El Paraíso, El Nueve y Cañón de Chicamoque), se ha visto obstaculizado el abastecimiento de combustible a través de la carretera principal. Los residentes, cuya economía depende en gran medida de la minería y la ganadería, argumentan que la falta de gasolina afecta no sólo a las motobombas y plantas eléctricas, sino también al transporte escolar, a la distribución de medicinas y a la operación de las boutiques locales.
Bloqueo por disputas entre bandas criminales
Estas restricciones, según la denuncia, son producto de conflictos entre las bandas criminales, específicamente integrantes del Clan del Golfo que se encuentran en disputa con el ELN y facciones desunidas de la antigua FARC. El bloqueo se percibe como una maniobra para controlar las rentas ilícitas generadas en la zona y neutralizar a sus rivales.
La reacción ante la causa se debió a la solicitud presentada a las alcaldías de Santa Rosa del Sur y Segovia, a la Personería de Segovia, a las gobernaciones de Bolívar y Antioquia y a la Defensoría del Pueblo. Contrariamente a la primera información oficial que señalaba que el conflicto ocurría en Remedios, la Gobernación de Antioquia aclaró que la situación estaba concentrándose en el sur de Bolívar, aunque señaló que seguían avaluando la presencia de afectaciones en la provincia.
Los líderes sociales localizados en el Valle de Aburrá expresaron su temor por la posible escalada violenta y la amenaza que pudieran enfrentar. Para cubrir las urgentes necesidades, la comunidad exige la instalación de una mesa de diálogo entre las administraciones municipales y departamentales, la apertura de un corredor humanitario con ingreso controlado de combustible y una respuesta definitiva en 48 horas.
Autoridades garantizan medidas de seguridad pública
La situación, en la que las comunidades están pidiendo negociar con las bandas armadas y las autoridades gubernamentales, coincide con una y más compleja intrincada en el mapa de la seguridad, con el objetivo de desarticular la cadena de abastecimiento de las armas. En el marco de las políticas de fortalecimiento de la defensa social, las autoridades se han comprometido a continuar con los negociaciones y a garantizar la mezcla de las medidas para prevenir el conflicto y asegurar la seguridad pública de la población.
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