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La séptima división del Ejército y la Fiscalía de Colombia desvelaron la captura de una mujer buscada por EEUU por fraude electrónico, vinculado a operaciones de lavado de activos. El operativo en la zona de El Retiro involucró fuerzas especiales y agentes del CTI; la detenida también enfrenta cargos por delitos tributarios y conspiración en Colombia. Además, se relaciona a su esposo, Orlando Miserandino Ortiz, con una trama que desvió unos 70 millones de dólares de fondos de condominios. La operación pone de relieve la cooperación interinstitucional y la posible extradición, generando atención internacional sobre la lucha contra el crimen organizado y la corrupción transnacional.
La séptima división del Ejército, con el respaldo de unidades especializadas y de la Fiscalía, ha revelado con detalle la reciente captura de una mujer que está solicitada por las autoridades estadounidenses y que había sido detenida en una mansión del Oriente antioqueño.
El operativo, que se desarrolló el pasado miércoles en la parcela del municipio de El Retiro, contó con la participación del Gaula Militar de la 4ª Brigada, del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 7 y de agentes del Centro de Tecnología de Investigación de la Fiscalía. La ciudadana, cuyo nombre no se divulgó por motivos de seguridad, fue arrestada en posesión de documentos vinculados a un presunto delito de concierto para cometer fraude electrónico, un cargo que la lleva ante la corte del Distrito Medio de Florida.
Acusaciones de fraude y lavado de activos
El caso se complica por las múltiples capas de acusaciones que giran en torno a la detenida. En Colombia, se la investiga en referencia a conspiración para delinquir, fraude, lavado de activos y delitos tributarios.
Asimismo, las autoridades denuncian que la mujer forma parte de una estructura que habría canalizado recursos de origen ilícito para incorporarlos a actividades legales, operando con economías criminales asociadas al Clan del Golfo. La captura de la mujer ocurre tras un exhaustivo allanamiento de casi un año, que también abarca a un presunto empresario gastronómico de Medellín, Orlando Miserandino Ortiz, el esposo de la detenida.
El boliviano-estadounidense fue detenido en noviembre de 2025 y es buscado en Estados Unidos por conspiración, fraude electrónico, lavado de activos y fraude fiscal. Se afirma que desvió alrededor de 70 millones de dólares que provenían de fondos de asociaciones de condominios administrados por su firma American Property Management Services LLC, cobrando a inversores de los condados de Naples y Fort Myers en Florida.
Investigación contra esposo de detenida
Con la detención de su esposa, el señor Miserandino continúa bajo vigilancia en los Estados Unidos y ha sido objeto de un gran jurado federal en Fort Myers, que le imputó 17 cargos formales. Mientras tanto, en Colombia la mujer ha quedado a disposición de las autoridades judiciales, donde se le someterá a una exhaustiva investigación por los delitos que la rodean en este país y se evaluarán las exigencias de extradición presentadas por las autoridades americanas.
El gobierno colombiano ha señalado la complejidad de los vínculos transnacionales y la necesidad de trabajar en cooperación con Estados Unidos para asegurar que se haga justicia. El caso ha llamado la atención de la prensa internacional y local, pues implica a dos jurisdicciones distintas y a una trama que mezcla la economía de la delincuencia organizada con el sector gastronómico y bienes raíces.
El Ejército y la Fiscalía han declarado que la operación visó restituir la seguridad y mantener el orden público en Antioquia, subrayando la importancia de las alianzas interinstitucionales. Se han solicitado a las autoridades confederadas medios de cooperación para el traslado de la detenida a la judicialidad colombiana así como para la posible extradición a Estados Unidos.
Los ciudadanos siguen atentos a las actualizaciones sobre este caso que se sitúa en la frontera entre el caudal de los recursos ilícitos y la justicia internacional, exigiendo transparencia en los procedimientos y la defensa de los derechos humanos de todas las partes involucradas. Las autoridades de ambos países han confirmado que la investigación continuará y que cualquier avance será comunicado a la ciudadanía.
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