La Corte Suprema investiga a siete congresistas por presunta participación en el saqueo de la UNGRD. Se encontró un entramado de convenios millonarios con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), entidad que enfrenta cuestionamientos por su gestión y falta de registro legal.
De manera discreta, la Corte Suprema avanza en la investigación en contra de siete congresistas integrantes de las comisiones conjuntas de Hacienda y Crédito Público por su presunta participación en el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ( UNGRD ).
Además de oírlos en interrogatorio, se han escudriñado sus cuentas bancarias, Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) y chats de otros implicados para establecer si es cierto que vendieron su apoyo a la aprobación de empréstitos e iniciativas del gobierno Petro a cambio de jugosos convenios durante la era de Olmedo López en la UNGRD. \Investigadores ya cruzaron información de Julio Elías Chagüi (partido de ‘la U’), Liliana Ester Bitar (Conservador), Juan Pablo Gallo (Liberal), Wadith Manzur (Conservador), Karen Manrique (Curul de paz), Julián Peinado (Liberal) y Juan Diego Muñoz (Alianza Verde) con chats aportados por Olmedo López y Sneyder Pinilla y encontraron una punta que les ha llamado la atención. En uno de los chats, del 15 de diciembre de 2023, María Alejandra Benavides, entonces asesora del Ministerio de Hacienda y hoy testigo clave, le envía a Sneyder Pinilla tres contactos para mover convenios por 92.000 millones de pesos en Saravena (Arauca); Cotorra (Córdoba) y El Carmen de Bolívar (Bolívar). Según López y Pinilla y otros chats aportados, era urgente darles trámite a los convenios para que se aprobaran empréstitos internacionales del Gobierno. EL TIEMPO reveló en su momento que uno de los contactos fue el de “Camilo Díaz-Saravena”. Y aquí es donde empata con la investigación de la Corte. EL TIEMPO investigó y estableció que el hombre al que se refiere el chat es Camilo Ernesto Díaz Carrillo. La investigación de peritos de la Corte señala que su abonado telefónico concuerda con el número de teléfono que remitió Benavides. Además, que Díaz aparece en al menos 11 personerías jurídicas que han manejado recursos de gobernaciones y alcaldías e incluso del Sistema General de Regalías. Y en ese punto ponen el foco en la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca). \EL TIEMPO investigó y estableció que Aremca agrupa a 13 municipios en Bolívar, Atlántico y Magdalena de tercera y sexta categoría y que fue creada en 1995 como Asociación de Municipios del Bajo Magdalena (Asobamag). En 2003 se empezó a llamar Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) con los mismos asociados: El Guamo, San Estanislao de Kostka, San Juan Nepomuceno, Soplaviento y Zambrano, en Bolívar. Además, Campo de la Cruz, Santa Lucía y Suán, en Atlántico. Y Cerro de San Antonio, El Piñón, Pedraza y Tenerife (Magdalena). EL TIEMPO rastreó y ubicó más de un centenar de convenios y de contratos de Aremca con gobernaciones, alcaldías e incluso con ministerios, que superan los 250.000 millones de pesos. Uno se firmó con la cartera de Agricultura, ya en el gobierno Petro, por 10.000 millones de pesos para fortalecer los modelos de producción de pequeños y medianos productores de hatos ganaderos en Majagual (Sucre). Además, EL TIEMPO encontró que Aremca está interesada en la licitación férrea La Dorada-Chiriguaná, por 3,4 billones de pesos, que adelanta la ANI. Pero la asociación empezó a sonar en Arauca –de donde es oriunda Karen Manrique, una de las congresistas investigadas– por un cuestionado convenio cuyo manejo se les otorgó en mayo de 2022, por 21.400 millones de pesos de plata de regalías. El Consejo de Estado señaló el 31 de marzo de 2023 que al momento de asignar el convenio Aremca no estaba inscrita en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (Reat), a cargo del Ministerio del Interior y por ende no estaba habilitada. Y en agosto de 2023, la Contraloría consignó en un informe de actuación especial de fiscalización en Arauca –del que le envió copia a Olmedo López por tocar también temas de la UNGRD–, que en ese mismo proyecto en el que figura Aremca hubo un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de 1.211’161.880 pesos por un supuesto doble pago. EL TIEMPO se comunicó con Alfredo Ballestas, del área jurídica de Aremca, quien empezó por advertir que nunca han manejado recursos de la UNGRD y que ya no tienen contacto con Díaz, el del chat aportado a la Corte.
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