El Congreso de la República entra en su última etapa con una agenda apretada que incluye reformas a la salud, la ley de competencias y la jurisdicción agraria, entre otras. La presión aumenta por el cierre del periodo legislativo el 20 de junio y la segunda vuelta electoral del 21 de junio, lo que genera incertidumbre sobre el quórum y los apoyos políticos necesarios para aprobar los proyectos.
El Congreso de la República de Colombia entra en su recta final con una agenda legislativa intensa y varios proyectos clave pendientes de aprobación antes del 20 de junio, fecha en que culmina la legislatura 2022-2026.
Las plenarias de Cámara y Senado trabajan contrarreloj para tramitar iniciativas prioritarias para el Gobierno nacional, como la reforma a la salud, la Ley de Competencias y la Jurisdicción Agraria, algunas con mensaje de urgencia e insistencia. Este escenario se desarrolla en medio de un ambiente político agitado por la campaña electoral de segunda vuelta, programada para el 21 de junio, y por recientes eventos como el crimen del senador Miguel Uribe Turbay.
Las diferencias entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico, así como las renuncias de congresistas para unirse a campañas, amenazan con afectar el quórum necesario para las votaciones, lo que complica la tramitación de los proyectos. Entre las iniciativas más avanzadas está la Jurisdicción Agraria, que ya se discute en las plenarias de ambas cámaras. En la Cámara de Representantes se aprobó un primer bloque de artículos, pero el debate se detuvo por la discusión del estatuto de oposición.
El Pacto Histórico planea reanudar las discusiones a partir del 11 de junio con el objetivo de sacar el proyecto antes del 20 de junio y evitar su archivo. En el Senado, la oposición señala inconsistencias en varios artículos, particularmente en el artículo 9, que define las competencias de la Agencia Nacional de Tierras y los jueces agrarios en conflictos sobre ocupación y diferendo de tierras.
Este artículo carece de consenso y la oposición ha anunciado que se someterá a voto limpio para logar modificaciones. Otro proyecto prioritario es el nuevo régimen aduanero, impulsado por el Gobierno para cumplir con la Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional, que ordenó al Congreso expedir un Código Sancionatorio Aduanero.
Existen dos proyectos radicados con el mismo objetivo: el 312 de 2025 Senado, presentado por el Gobierno, y el 331 de 2025 Senado, radicado por un bloque de congresistas. La iniciativa cuenta con mensaje de urgencia y ha logrado avances gracias al consenso en la Cámara Alta. Se espera que pase a conciliación después de que la plenaria de la Cámara de Representantes lo discuta.
Por su parte, la Ley de Competencias, radicada a finales de 2025, busca definir las competencias entre entidades nationales y territoriales tras la reforma al Sistema General de Participaciones aprobada en diciembre de 2024. Este proyecto está en la Comisión Primera de la Cámara, donde se han realizado audiencias públicas con participación de academia, gobiernos locales y entes territoriales, para construir la ponencia que será votada por esa célula legislativa.
La reforma a la salud, una de las banderas del Gobierno, persigue cambiar el modelo de salud, extinguir las Entidades Promotoras de Salud (EPS), estatizar los recursos a través de la Ares y garantizar la salud como derecho fundamental. Sin embargo, los dos proyectos presentados fracasaron en el Senado por falta de apoyo político.
Ahora se debate la apelación del último proyecto archivado en la Comisión Séptima, aunque no cuenta con mensaje de insistencia y aún no hay un concepto de la comisión accidental para la plenaria del Senado. En contraste, el proyecto del Ministerio de la Igualdad está más avanzado: las Comisiones Primeras Conjuntas ya aprobaron varios artículos. Quedan pendientes los relacionados con la financiación, ejecución y funciones para evitar duplicidad, antes de pasar a plenarias y conciliación.
No obstante, hay cuestionamientos sobre la ejecución y la presencia del ministerio en los territorios. A medida que se acerca el cierre del Congreso, la presión aumenta para sacar adelante estas iniciativas, pero las dinámicas políticas electorales y las diferencias entre bancadas plantean un escenario incierto. La posibilidad de archivar proyectos por falta de tiempo o quórum es real, especialmente en un contexto de renuncias y campañas.
El Gobierno y los partidos deberán negociar para asegurar las mayorías necesarias, mientras la opinión pública observa el desenlace de reformas estructurales en salud, justicia agraria, competencias territoriales, comercio exterior y equidad de género
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