El Consejo de Estado admitió una demanda que busca anular el decreto del presidente Gustavo Petro que derogó una disposición de su antecesor, Iván Duque, sobre el manejo de la dosis personal de drogas. La demanda argumenta que la decisión de Petro abre la puerta al microtráfico y beneficia al crimen organizado.
En una de sus primeras decisiones del año, el Consejo de Estado notificó la admisión de una demanda que busca revertir el decreto del presidente Gustavo Petro Urrego, quien derogó una disposición de su antecesor Iván Duque Márquez sobre el manejo de la dosis personal de estupefacientes.
A través del Decreto 1844 de 2018, Duque había autorizado a la Policía Nacional a imponer sanciones a ciudadanos que portaran o consumieran la dosis mínima de drogas en espacios públicos, incluyendo el decomiso y destrucción de las sustancias. Este decreto fue interpretado por el gobierno Petro y diversos actores como una medida que criminalizaba y penalizaba la dosis personal, ampliamente protegida por la jurisprudencia de las altas cortes. El 7 de diciembre de 2023, Petro revocó el decreto de Duque, argumentando la necesidad de evitar la criminalización de consumidores de drogas a través de medidas correctivas y de concentrar los esfuerzos institucionales en combatir la oferta de sustancias psicoactivas y las estructuras del crimen organizado dedicadas al microtráfico y narcotráfico. La decisión también se basó en la armonización de obligaciones del Estado con las convenciones internacionales en materia de drogas y los derechos fundamentales. Duque criticó la decisión, argumentando que desautorizar a la Policía para decomisar la dosis personal era un retroceso que favorecía al crimen y dañaba a los niños, niñas, jóvenes y familias colombianas. Una magistrada, Nubia Margoth Peña, admitió una demanda que busca anular la decisión de Petro para que el decreto de Duque sobre el decomiso de la dosis personal quede vigente. La acción judicial argumenta que la decisión presidencial abre la puerta para el microtráfico en parques, plazas y escenarios deportivos y de recreación, especialmente afectando a niños y adolescentes. Además, se alega que la decisión tiene una falsa motivación, ya que si bien el decreto busca combatir la oferta de drogas, en realidad incentiva su consumo y comercialización por parte de estructuras del crimen organizado. La acción judicial solicita al gobierno que establezca protocolos claros y precisos para atender a la población con adicciones sin exponer a niños, adolescentes, jóvenes y adultos al riesgo de microtráfico en espacios públicos. El autor de la demanda, que prefiere mantener su identidad en reserva, manifestó su sorpresa por la admisión del expediente, considerando que lo presentó en diciembre de 2023. El presidente de la República, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, los Ministerios del Interior y Defensa y la Procuraduría ya fueron notificados de la admisión del expediente.
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