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El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 0234 de 2026 que ampliaba la negociación colectiva a centrales obreras y gremios en Colombia.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 0234 de 2026, expedido en marzo por el Gobierno de Gustavo Petro, que establecía nuevas reglas para la negociación colectiva en Colombia. La medida fue conocida el viernes y responde a cuestionamientos sobre si el presidente se extralimitó en sus facultades al modificar las reglas de la negociación colectiva.
Qué establecía el decreto de negociación colectiva
La norma permitía que las centrales obreras negocien acuerdos laborales con las agremiaciones empresariales. En la práctica, esta decisión podría tener implicaciones para buena parte de los trabajadores colombianos.
La negociación colectiva es un proceso de diálogo entre los representantes de los trabajadores (los sindicatos) y el empleador (la empresa) para acordar condiciones de trabajo justas. Suele darse cuando los trabajadores identifican condiciones adversas, como sobrecarga laboral o despidos masivos.
Estos diálogos pueden derivar en acuerdos como reducciones temporales de la jornada laboral o planes de retiro voluntario. Bajo el modelo tradicional, los alcances de este mecanismo se limitan a la empresa y a sus trabajadores.
Con el ajuste del Gobierno de Petro, ya no sería un solo sindicato, sino varios reunidos en una central obrera, negociando no con una empresa, sino con varias agrupadas en un gremio. Así, los acuerdos alcanzados afectarían a todo un renglón de la economía.
Argumentos jurídicos en disputa
Desde su firma, diversas voces cuestionaron la medida. El principal argumento es que el presidente no tiene la facultad para implementar estos cambios, sino que esa es una decisión que corresponde al Congreso.
El abogado laboralista Víctor Julio Díaz explicó a El Espectador que un decreto reglamentario no puede introducir disposiciones que no estén previamente contempladas en la ley. Señaló que si una medida no fue aprobada por el Congreso, como ocurrió con algunos puntos de la reforma laboral, el presidente o sus ministros no pueden implementarla después mediante un decreto.
Díaz afirmó que ese decreto desborda la facultad reglamentaria, porque establece una negociación por sector o industria cuando eso no está establecido en la legislación laboral colombiana, ni por una ley, ni por un convenio de la OIT ratificado por Colombia. Por lo tanto, consideró que es ilegal y puede demandarse ante el Consejo de Estado.
En su momento, el exministro de Trabajo Antonio Sanguino explicó que este decreto tiene todos los fundamentos legales, pues se ampara en las disposiciones del Código Sustantivo, que reconoce el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.
Apoyo sindical y críticas al decreto
En entrevista con El Espectador, el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Percy Oyola, señaló que detrás de esto existe una especie de estigmatización por todo lo relacionado con el gobierno de Gustavo Petro. Aseguró que la medida no solo está amparada por la constitución, sino que fue construida por gremios y centrales obreras.
Oyola dijo que este es un decreto que fue debatido en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. En ella se escuchó a los empleadores y a los trabajadores antes de su expedición.
Argumenta que el ajuste responde a la orientación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que da luz verde para que las organizaciones sindicales más representativas lleven la vocería de los trabajadores en estas discusiones.
También explica que, en los meses de vigencia del decreto, se venía haciendo uso del mismo. Concretamente, hace menos de un mes se suscribió un acuerdo marco sectorial con el Grupo de Energía de Bogotá; también se había presentado un pliego de sindicatos a los gremios del sector carbón y energía.
El Espectador también consultó a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) pero, al cierre de esta edición, no recibió respuesta. Sin embargo, su presidente, Fabio Arias, ya había manifestado a El Espectador su postura sobre este tema.
Para él, la medida representa una noticia positiva para el movimiento sindical, ya que amplía su alcance y abre la puerta al fortalecimiento de grandes sindicatos o de alianzas entre varias organizaciones.
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