De acuerdo con la entidad, se trata de una obra sin concluir, abandonada y deteriorada.
Este martes, la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal en cuantía de $21.282 millones contra los exgobernadores de San Andrés y Providencia, Aury Guerrero Bowie y Ronald Housni Jaler por el daño patrimonial que ocasionaron las irregularidades presentadas en la construcción del megacolegio CEMED “Antonia Santos”.
También fueron imputadas 14 personas naturales y jurídicas: 3 exsecretarios de Educación, 3 exsecretarios de Infraestructura, 3 supervisores del contrato de interventoría, los contratistas que integraron la Unión Temporal Mega 2014 y los miembros del consorcio que realizó la interventoría.De acuerdo con la entidad, “se trata de una obra sin concluir, abandonada y deteriorada, donde se pagaron mayores valores y se dieron fallas en la etapa de planeación”.
Para adelantar este proyecto, según explicó la Contraloría en un comunicado, “se suscribió el contrato de obra pública No. 1341 del 28 de octubre de 2014, entre la Gobernación del Archipiélago, entonces en cabeza de la exgobernadora Aury Guerrero Bowie, y la Unión Temporal Mega 2014″. Así las cosas, la Contraloría pudo establecer que en el contrato de interventoría se “cometieron errores en la aplicación del factor multiplicador, lo que ocasionó el pago de mayores valores por este concepto”.