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Los operativos alcanzaron 25 activos que estarían relacionados con seis investigados por el presunto direccionamiento de contratos y manejo irregular de recursos públicos.
FOTO: Tomado del clip - Fiscalía General de la NaciónLa Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 25 bienes que estarían relacionados con seis personas investigadas dentro del entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres , uno de los casos que más impacto ha generado en los últimos años por el presunto direccionamiento de contratos y el desvío de recursos públicos.
La decisión fue adoptada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, luego de varias diligencias de investigación orientadas a establecer el origen y la relación de diferentes activos con las personas vinculadas al proceso.en Bogotá, Sopó y Tabio, en Cundinamarca, también en Medellín, Montería, Pasto y Chachagüí, Cúcuta; Villavicencio y Sabana de Torres. Entre las personas relacionadas con los activos aparecen el exdirector de la Ungrd Olmedo de Jesús López Martínez y el exsubdirector Sneyder Pinilla Álvarez; los expresidentes del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez y de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas; el contratista Luis Eduardo López Rosero y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.
Según la información entregada por la Fiscalía, cuatro activos ubicados en Bogotá, Juan de Acosta, Villavicencio y Sopó estarían vinculados con el exsenador Iván Name. En uno de estos casos, la medida cautelar recae sobre el 33 % del inmueble, correspondiente a la participación que tendría el excongresista.
Por otro lado, cuatro inmuebles ubicados en Montería estarían relacionados con Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes . Otro inmueble, localizado en Medellín, estaría vinculado con Olmedo López, mientras que un predio ubicado en Sabana de Torres tendría relación con Sneyder Pinilla. La Fiscalía identificó un inmueble localizado en Tabio, Cundinamarca, que estaría relacionado con Pedro Rodríguez Melo, quien se desempeñó como asesor jurídico de la Ungrd.
En el caso del contratista Luis Eduardo López Rosero, siete bienes ubicados en Pasto y Chachagüí, en Nariño, y Cúcuta, en Norte de Santander, estarían relacionados con las indagaciones que adelanta el ente acusador. Según la investigación, estas estructuras empresariales habrían sido utilizadas para desarrollar negocios relacionados con el entramado de corrupción y facilitar el movimiento de recursos presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
Para materializar las medidas cautelares, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación , en coordinación con el Ejército Nacional, realizaron diferentes diligencias sobre los bienes identificados. Las actuaciones incluyen la suspensión del poder dispositivo, el embargo, el secuestro y la toma de posesión de bienes, haberes y negocios. Con estas medidas, la Fiscalía busca impedir que los activos sean transferidos, ocultados o utilizados mientras avanzan las pesquisas en contra de los involucrados.
Este proceso hace parte del proceso que adelantan las autoridades para establecer el alcance del supuesto esquema de corrupción que habría operado alrededor de la contratación de la Ungrd y que involucraría recursos destinados a la atención de emergencias y la ejecución de obras de mitigación en diferentes regiones del país. El caso salió a la luz pública tras los hechos relacionados con la compra de 40 carrotanques destinados a transportar agua potable hacia La Guajira .
La operación fue cuestionada por presuntos sobrecostos y problemas relacionados con los vehículos adquiridos. A partir de esa situación, las autoridades ampliaron las averiguaciones a otros contratos y convenios de la entidad, en los que se indaga por un supuesto direccionamiento de recursos y la entrega de beneficios económicos a diferentes actores. , quienes han entregado información a la justicia sobre el supuesto funcionamiento de la estructura.
De igual manera, están bajo investigación Iván Name y Andrés Calle por la presunta recepción de sobornos relacionados con el trámite de iniciativas legislativas impulsadas por el gobierno Petro. La Fiscalía continúa con las actuaciones judiciales para determinar el origen de los bienes, establecer posibles responsabilidades y
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