La Corte señaló que autoridades mexicanas reconocieron parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos que la Comisión Interamericana identificó en su Informe de Fondo.
El caso se refiere a la detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales en una carretera entre las ciudades de Veracruz y Ciudad de México, así como la aplicación de la figura del arraigo y la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se siguió en su contra.
Por otra parte, analizó la figura del arraigo y su aplicación al presente caso, “estableciendo que la aplicación de la figura del arraigo constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria”.
La autoridad detalló que en la audiencia convocada en línea por la Corte para notificar la sentencia, estuvieron presentes representantes de la SRE, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, la Fiscalía General de la República, y el Consejo de la Judicatura Federal. El Gobierno de México informó que analizará con atención los resolutivos del tribunal interamericano en su resolución para estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones, asegurando el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a sus procesos democráticos.
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