Colombia | La Corte extendió la declaración del estado de cosas del sistema carcelario al constatar que existe una violación de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
Para la corte, las causas que explican que esta situación se presente se debe a varios factores como la existencia de vacíos normativos en la distribución de competencias entre autoridades de los distintos niveles territoriales, altos índices de criminalidad, la aplicación excesiva y abusiva de la detención preventiva, entre otras.
Otra problemática que ha sido reiterativa es el incumplimiento de las entidades territoriales en las obligaciones legales en relación con la población procesada, que esperan una condena mientras son procesadas e investigadas. En esta media, el Ministerio de Justicia, el Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios , han asumido esas obligaciones, pese a que la ley establece que estas están bajo responsabilidad inicial de las entidades territoriales.
La Corte ordenó “al Gobierno nacional y al Consejo Superior de la Judicatura que adopten las medidas administrativas y financieras necesarias para la creación de una Sala Especial de Seguimiento. Esta Sala asumirá la vigilancia del estado de cosas inconstitucional”. En la segunda fase se entraría a eliminar esos centros de detención transitoria y ampliar los cupos en los establecimientos carcelarios a nivel nacional y territorial con las condiciones adecuadas para las personas procesadas, debido al déficit de infraestructura destinada a la custodia de personas detenidas preventivamente.
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