Debate sobre la edad de pensión en Colombia: sostenibilidad fiscal y equidad de género

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Debate sobre la edad de pensión en Colombia: sostenibilidad fiscal y equidad de género
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El gobierno se desvincula de la propuesta de revisar la edad de retiro; la discusión gira en torno a la sostenibilidad fiscal, la brecha de género en cotizaciones y la necesidad de una reforma pensional completa.

El debate sobre la sostenibilidad del sistema pensional en Colombia ha alcanzado un punto crítico tras la desvinculación del Gobierno de la propuesta de aumentar la edad de retiro o de equiparar las edades de pensión entre hombres y mujeres.

Edades de pensión y realidad demográfica

Según declaraciones de la economista y investigadora de Fedesarrollo, especialista en el Instituto de la Universidad del Rosario, la propuesta sostiene que el actual régimen de 62 años para hombres y 57 para mujeres se encuentra desfasado frente a la realidad demográfica y económica del país.

Al recalcar el crecimiento progresivo de la esperanza de vida, que ronda los 77 años a nivel general y entre los 80 y 81 para la mujer, se señala que la brecha entre las cotizaciones mínimas que perciben los dos géneros se refleja de manera alarmante: solo el 12 % de las damas en edad de pensión han cumplido los requisitos mientras que ese número asciende al 22,5 % en el caso de los varones. De esa diferencia de cobertura surge un disparo sistemático en los beneficios: la pensión promedio que perciben las mujeres ronda los 2,4 millones de pesos, frente a los 2,9 billones obtienen los hombres.

Esta disparidad no se explica únicamente por las brechas salariales, sino también por la progresiva reducción del tiempo laboral de las mujeres, que saldrá del sector formal a los 50 años, mientras que los hombres lo hacen al 54, y que al migrar a la informalidad suelen perder un 34 % de ingresos frente al 23 % de sus pares masculinos. En ese contexto, la investigadora expone la premisa de que un ajuste de la edad de pensión no es simplemente una cuestión de equidad de género; es un requisito fiscal imprescindible para la vigencia del Sistema Pensional.

El envejecimiento poblacional se ha convertido en una inferencia imprevista por parte de muchos economistas, pues la relación de jóvenes que sostienen a idólatras retirados se moverá de 2 a 1 en los próximos años. La presión por el aumento del salario mínimo ha ampliado aún más la brecha, tal como se evidenció en sectores clave como la floricultura y la agroexportación, al elevar los costos de operación.

Propuesta fiscal y límites de la reforma

En respuesta, la economista propone regrecar a la fórmula anterior de ajuste salarial que concibe la inflación integrada con índices de productividad, proponiendo un reajuste más equilibrado que protegiera la viabilidad del sistema sin crear distorsiones excesivas. Sin embargo, el tema no se presenta sin cuestionamientos.

El jurista Hernán Borja, que menciona experiencias internacionales semejantes, advierte que la mera elevación de la edad no es una solución única; es un acto que desencadena la necesidad de una reforma pensional completa, la cual implicaría un régimen de transición multifacético, estudios contables adicionales y su propia carga de adecuación normativa. Además, sugiere que la Corte Constitucional, al proteger de manera explícita la figura de la mujer en el sistema, podría considerar ilegal ante el Tribunal una campaña que modifique la edad de retiro de la mujer sin un proceso robusto de reforma.

En consecuencia, explicita que el texto legislativo actual, aprobado y respaldado por la Corte, no puede ser alterado de manera unilateral; todas las alteraciones deben pasar por la siguiente etapa de reforma, no solo de procedimiento. Más allá de la discusión en juego, la redefinición de la edad de pensión se percibe como una respuesta necesaria ante la desmesura fiscal que enfrenta la pensión pública.

Reforma pensional y sostenibilidad futura

Los datos revelan que en 2026 el gasto planeado alcanzará los 72,8 billones, con un aporte del estado representando el 44,6 % en ese esquema de financiamiento basado en contribuciones. Dado que el sistema actual ya se encuentra en riesgo de insolvencia, cualquier reforma que intente evitar una crisis mayor implicaría un ajuste real y; el debate debe incluir la necesidad de estabilidad, equidad de género y sostenibilidad fiscal, entendiendo que la pensión no es solo un beneficio social, sino un contrato de la Generación actual con las futuras.

En última instancia, el escenario nacional exige una respuesta deliberada que considere tanto los derechos humanos declarados en la Constitución como la viabilidad futura del régimen. La necesidad de una reforma pensional completa se alinea con las exigencias de un sistema que debe adaptarse a la realidad demográfica y salarial, mientras se protege una población vulnerable como las mujeres y se asegura la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

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