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El proyecto busca equilibrar los derechos de manifestantes y de la ciudadanía, permitiendo acción policial inmediata ante presencia de armas o explosivos e...
El proyecto busca equilibrar los derechos de manifestantes y de la ciudadanía, permitiendo acción policial inmediata ante presencia de armas o explosivos en marchas. El Ministerio del Interior de Colombia publicó un borrador de decreto que modifica las regulaciones sobre protesta social, generando un intenso debate político sobre los alcances de la nueva normativa.
El documento, que estará disponible para comentarios públicos hasta el 4 de octubre, propone cambios significativos en la forma como las autoridades pueden intervenir durante las manifestaciones. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la propuesta mediante redes sociales:"El proyecto es respetuoso de la protesta social y ha cumplido con todo el proceso de consulta que exige la norma. Este decreto busca equilibrar los derechos de quienes protestan con los de quienes no participan.
Ni un derecho menos para quien marcha, ni un espacio más para quien desplaza". Entre los puntos más controversiales del proyecto está la facultad otorgada a la Policía para intervenir sin haber terminado la fase de diálogo, específicamente cuando se detecte porte de armas de fuego, armas blancas o explosivos. El decreto también establece la individualización del violento, evitando catalogar toda la protesta como violenta y focalizándose en quienes cometan actos que alteren el orden público.
El senador Juan Espinal respaldó la iniciativa gubernamental.
“Creo que el Gobierno Nacional pone un punto de equilibrio entre el derecho fundamental a la protesta, a las movilizaciones, que sin duda es fundamental Estoy completamente de acuerdo con que quien salga a una protesta no debería tener armas blancas, armas de fuego, explosivos, que además ponen en riesgo la vida de quienes están manifestando, pero también la vida de todos los ciudadanos. Y me parece perfecto que la fuerza pública, la policía, entre de manera inmediata a intervenir, sin que se haya terminado el momento de diálogo o de concertación, cuando hay especialmente alteraciones”.
Espinal recordó que durante el estallido social se registraron pérdidas económicas de 10 billones de pesos, 45 muertos y más de 3.180 bloqueos a nivel nacional. El proyecto incluye límites al uso de la fuerza por parte de las autoridades y especifica que una obstrucción vial por sí misma no convierte automáticamente una manifestación en violenta. El matiz es fundamental: el decreto distingue entre bloqueos pacíficos y aquellos que deliberadamente impidan el paso de ambulancias o vehículos de emergencia.
Desde la oposición, la senadora Esmeralda Hernández expresó fuertes críticas.
"Es un decreto que tiene una sola finalidad y es generar miedo para que la gente no salga a marchar, para que la gente no salga a protestar, restringir y estigmatizar la protesta social", afirmó. Hernández argumentó que las medidas propuestas ya están contempladas en la normativa actual y cuestionó la discrecionalidad que tendrían las autoridades.
La senadora destacó el balance del gobierno de Gustavo Petro en materia de protesta:"No hubo muertos durante el periodo del presidente Gustavo Petro en el ejercicio de la manifestación, no hubo personas que perdieron los ojos, no hubo personas desaparecidas ni falsos positivos judiciales porque se privilegió el diálogo". Turista italiano iba en un taxi, se bajó a sacar dinero y el conductor huyó con sus pertenenciasLes quitan bienes por extinción de dominio a Iván Name, Andrés Calle, Sneyder Pinilla y otros del caso UNGRDLa entidad confirmó que desde el 1 de octubre las empresas no podrán presentar ofertas o desviar la llamada a los clientes que quieran cancelar su servicio móvil.
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