Confío en que terminará prevaleciendo el sentido común en Colombia. Confío en que vendrán tiempos mejores.
Juan Fernando Cristo le mintió al país. Gustavo Petro e Iván Cepeda ya reconocieron en Medellín que buscan sepultar la Constitución. El presidente promueve explícitamente una Asamblea Nacional Constituyente, con facultades extraordinarias para distorsionar las reglas del juego a favor de la izquierda radical.
El candidato, en cambio, aboga por la movilización permanente del “pueblo” como “poder constituyente”, una formulación más romántica y ambigua, pero no por ello menos peligrosa. Si entendemos por “poder constituyente” la violencia extorsiva que caracterizó al Paro Nacional, reformulada como máximo árbitro y arquitecto de nuestras instituciones, el ideal de Cepeda pareciera aproximarse más a la “revolución permanente” de Trotsky que al funcionamiento de una república liberal. No nos podemos dejar engañar.
Si Cepeda gana las elecciones presidenciales y, posteriormente, el petrismo consuma sus objetivos declarados, habremos perdido nuestra democracia. Daría lo mismo si proclaman una nueva carta magna del 2026 o 2027, chavista de principio a fin, que si le agregan a la carta de 1991 nuevos capítulos que la deformen por completo. La lengua española reconoce dos usos políticos del término “constitución”.
Por un lado, puede referirse al texto de la ley fundamental de un Estado, que es el significado que solemos usar en nuestros tiempos. Por el otro, puede referirse a la forma de gobierno de una sociedad política; es decir, por ejemplo, su condición de democracia o dictadura, de república o tiranía. En este segundo sentido, Latinoamérica ha visto muchos más cambios de constitución que de carta fundamental.
México conserva la misma carta magna desde 1917, pero en ese periodo pasó de ser una dictadura revolucionaria unipartidista a una democracia plena en los años 2000, con retrocesos importantes desde el 2018. El Perú conservó la carta política de 1933, promulgada por el dictador nacionalista Luis Miguel Sánchez Cerro, hasta 1979, pasando por varias dictaduras e interregnos republicanos de todos los matices ideológicos.
Lo que hace de la carta política una garantía de derechos y estabilidad no es su mera existencia, sino su capacidad de sostenerSi la Constitución de 1991 deja de ser un factor limitante para las ambiciones del petrismo, habremos entrado a un nuevo régimen político. Habremos roto con las garantías que tanto nos costó construir, producto no solo de 35 años bajo esta democracia, sino de la evolución casi ininterrumpida de nuestra institucionalidad republicana desde 1821.
Perderíamos nuestro máximo patrimonio nacional, más valioso que mil balsas muiscas o ciudades amuralladas de Cartagena. Perderíamos aquello que nos separa de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Cualquier colombiano que le brinde su apoyo a esa amenaza es peligrosamente ignorante o profundamente malicioso. Debemos tener claro que hay, la del Pacto Histórico, que busca llevarnos a ese mundo infernal, de manera que todos los demás desacuerdos deben pasar, en última instancia, a segundo plano.
Quienes dicen ser “hijos de la Constitución del ‘91” no pueden dejar morir a su madre porque tengan reparos con la candidatura de oposición que llegue a segunda vuelta, sea cual sea. Confío en que terminará prevaleciendo el sentido común en Colombia. Confío en que vendrán tiempos mejores, por más difícil que sea superar los problemas inmediatos que dejará este gobierno.
Pero para lograrlo, tenemos que ir dimensionando la gravedad de la amenaza y rechazar a sus apologistas en cada ámbito de nuestra sociedad. Ante todo, tenemos que aprender a agradecer lo que somos y hemos sido como país.
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