Grupos alzados en armas y bandas delincuenciales que se dedican al tráfico de drogas, a la extorsión y al reclutamiento de menores de edad son los responsables de estas amenazas, según lo denunciado por el Sindicato de Educadores de Santander, SES.
Con la promesa de las autoridades de disponer custodia durante las 24 horas por parte de uniformados del Ejército, solamente una de las profesoras decidió quedarse y continuar dictando clases en dicho corregimiento de Cimitarra, a pesar de que fue víctima de extorsiones.
Sin embargo, desde la Secretaría de Educación de la Gobernación de Santander se controvirtió tal cifra, y se señaló además que algunos de los casos reportados corresponden a situaciones de convivencia, como roces con vecinos, entre otras eventualidades.
En muchos territorios apartados de la geografía colombiana los maestros son referentes de la comunidad, y su actuar va más allá de las aulas de clase. Se convierten en veedores, denunciantes y activistas, una labor social que afecta las actividades y los intereses de grupos delincuenciales en territorios neurálgicos.
“La tercera variable es la solución violenta de conflictos de la cotidianidad. Se han registrado amenazas por calificaciones de los docentes, e incluso hemos conocido denuncias de maestras jóvenes que llegan a ciertos territorios y que por no acceder a cierto tipo de proposiciones también han sufrido intimidaciones”, señaló el Secretario de Derechos Humanos, Paz y Democracia del SES.
Sobre la docente que continuó dictando clases en este corregimiento, el abogado precisó que “después del próximo 4 de julio, cuando finalicen las vacaciones, la vamos a notificar con su estatus y las condiciones en las cuales la vamos a trasladar, mientras nos llegan los estudios de la UNP, para que nos determine si es un riesgo ordinario o extraordinario”.
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