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EL NUEVO SIGLO consultó congresistas de distintas bancadas que expresaron sus opiniones sobre esta propuesta que el gobierno está por radicar en los próximos días
Congresistas de las comisiones primeras de Cámara y Senado le urgieron al Gobierno que agilice la radicación del proyecto y aterrice claramente la propuesta / Prensa Senado El pasado 23 de septiembre el Gobierno nacional anunció la radicación del proyecto de Ley Antiterrorista, que busca poner en cintura a las organizaciones armadas al margen de la ley y permitir reglamentar los procedimientos para combatirlasEn ese sentido, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló: “El Estatuto Antiterrorista ya lo tenemos en un texto, que lo está revisando el presidente, es un sistema de listas, como hay en Estados Unidos, como hay en Europa o en la ONU, allí se incluyen las organizaciones que serán definidas y catalogadas como terroristas y después se derivan normas penales, penitenciarias contra las finanzas de esas organizaciones, lo que se busca es tener unas organizaciones listadas como terroristas y unas normas muy duras para combatir a los terroristas, como debe ser”.
EL NUEVO SIGLO consultó con congresistas de distintas bancadas sobre cuál va a ser el futuro de la iniciativa y qué propuestas debe contener el texto. Se ha confirmado que el Gobierno debe dar a conocer la propuesta los más pronto posible para contemplar ajustes a esta ley, así como las enormes diferencias con los proyectos que presentó el gobierno anterior en relación con una iniciativa que perseguía el mismo objetivo, desmovilizar y acabar con los grupos armados ilegales al margen de la ley.
Así pues, el representante de Cambio Radical, Julio Cesar Triana, aseveró: “Se acabaron los famosos 'gestores de paz' y las mesas de diálogo que terminaron dándoles poder a los criminales”.
De igual manera, el senador del Partido Conservador, Juan Carlos García, explicó que “el Gobierno nacional se va a meter en dos frentes, la ley de orden público, que esta sería la séptima prórroga, que se vence el 9 de noviembre, es decir, que debe venir pronto al Congreso y ahí es donde se le da el Fondo de Seguridad, desde el Congreso y que llega al Ministerio de Interior y se dan también las pautas para que el presidente pueda tener negociaciones con grupos armados al margen de la ley.
Pero adicionalmente el ministro anunció que quieren trabajar una ley de acogimiento que permitirá que los grupos armados acojan las condiciones impuestas por el Estado bajo una ley de beneficios, y que no sean doblegados por el Estado”. Por su parte, el senador Ariel Ávila, del partido Alianza Verde, le afirmó a este Diario que “el Gobierno ha hablado de tres proyectos, el primero está relacionado con la prórroga de la Ley 418, que es la de orden público para el tema de sometimiento.
También ha hablado de un decreto para endurecer el tema de la protesta social cuando haya dudas de la utilización del terrorismo en medio de marchas o protestas. Y recientemente, se enfocó en un estatuto antiterrorista, que no se sabe si ese estatuto irá dentro de la ley 418, si es la misma ley, o si es aparte”.
El parlamentario agregó que “Colombia ya tiene en este momento varias leyes, tanto para el sometimiento, como para el tema de la lucha contra el terrorismo, de las cuales dos aplican en este último sentido. Por ende, estamos a la expectativa de qué es lo que va a radicar el Gobierno porque no le entendemos una lógica sobre estas propuestas, porque el renombramiento de las organizaciones criminales se puede hacer por una ley, e incluso a través de un decreto de política criminal”.
En tanto, el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, José Jaime Uscátegui, declaró: “Estamos esperando ese proyecto de ley, de la que aún no nos queda claro si va a ser la misma ley de orden público o va a presentarse como una normativa alternativa. Es decir, que aún estamos esperando la ley de sometimiento, la ley antiterrorista y la ley de orden público para que se establezca cual va a ser la categorización de grupos terroristas.
Esa categorización va a permitir bombardeos, uso de armamento especial, creación de grupos militares contra estas estructuras, no sabemos si se permitirá interceptaciones telefónicas legales, allanamientos, extinción de dominio exprés, extradiciones y estamos esperando cuál va a ser la propuesta de Gobierno y desde la comisión primera daremos garantías para que esa discusión se dé rápidamente”.
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