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El gobierno de Abelardo De la Espriella presenta un borrador de decreto con 26 artículos que actualiza el protocolo de 2021 sobre la gestión de manifestaciones públicas, habilitando la intervención policial contra conductas violentas mientras mantiene el diálogo con la población pacífica. Se busca equilibrar el derecho a protestar con la protección de la seguridad ciudadana.
El debate sobre la regulación de las manifestaciones públicas ha retomado protagonismo tras la presentación por parte del gobierno de Abelardo De la Espriella de un proyecto de decreto que busca reformar las normas que rigen la actuación de las autoridades durante las movilizaciones sociales y actualizar el protocolo de 2021.
El borrador, elaborado por el Ministerio del Interior y que consta de 26 artículos, ha sido puesto a disposición del público para recibir observaciones ciudadanas hasta el 4 de octubre. La iniciativa pretende fortalecer la prevención, el diálogo y establecer criterios más precisos para intervenir cuando una protesta cause alteraciones al orden público o a los derechos de terceros.
Defensa del ministro Lara sobre intervención policial
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la propuesta afirmando que respeta el derecho a la protesta y cumplió con el proceso de consulta previsto. En un comunicado, manifestó que la política no busca restringir la marcha, sino aclarar que la violencia y la destrucción sí justifican una intervención policial. El borrador introduce cambios significativos en la normativa de 2021, referido como Decreto 003 de 2021, que priorizaba el diálogo y la mediación frente a las movilizaciones.
La nueva propuesta mantiene esos principios pero permite que las fuerzas públicas apliquen medidas curativas y directas contra conductas violentas sin que la presencia de mecanismos de diálogo impida una intervención individual. En la práctica, esto significa que la policía podrá actuar simultáneamente contra quienes usen armas, retengan personas, agreden a funcionarios, hospitales o periodistas, o destruyan infraestructuras, mientras continúa el diálogo con los manifestantes pacíficos. Otra medida destacada es el acompañamiento permanente de la policía durante las concentraciones.
Según el borrador, las patrullas podrían posicionarse a una distancia mínima de cuatro metros de la manifestación, con el objetivo de proteger tanto a los participantes como a los ciudadanos que se encuentren fuera de la marcha. Este enfoque busca equilibrar la protección del derecho público a la protesta con la seguridad ciudadana y la protección de la propiedad y los derechos de los terceros.
Análisis experto sobre criterio de proporcionalidad estatal
Un análisis de experto de Vicente Benítez, abogado y profesor de la Universidad de La Sabana, recalca que la propuesta introduce un criterio de proporcionalidad para determinar la intervención estatal. Benítez explica que la propuesta busca predecir cuándo y cómo el Estado debe intervenir, basándose en el principio fundamental de que ningún derecho, incluido el de protestar, es absoluto.
Cuando la manifestación afecta de manera desproporcionada otros derechos, se exige que el derecho fundamental ceda ante la protección de esos derechos. En síntesis, el proyecto de decreto intenta establecer un marco más claro y equilibrado para la regulación de las protestas, con la intención de mantener la libertad de expresión y el derecho a movilizarse, al mismo tiempo que se garantiza la seguridad y los derechos de la población en general.
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