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El juez 27 Penal de Medellín le concedió el beneficio de prisión domiciliaria a Miguel Quintero, quien es señalado de ser el cabecilla de una estafa que, con la firma de varios contratos, desangró a los Bomberos de Itagüí.
Aún con los 29 bienes en extinción de dominio, 59 imputaciones, cuatro principios de oportunidad, dos preacuerdos, dos detenidos y un condenado por casos de presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero en Medellín, la prisión domiciliaria a Miguel Quintero, ordenada por un juez como medida cautelar el pasado viernes ha sido el golpe más contundente al círculo cercano del exalcalde.
Prisión domiciliaria para Miguel Quintero
Poco después de que se hiciera el anuncio de que el hermano mayor del exmandatario deberá permanecer "guardado" mientras se cumple el proceso penal en su contra por las presuntas irregularidades en la contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí ejecutada entre 2021 y 2023, el propio alcalde Federico Gutiérrez expresó el sabor agridulce que le genera la decisión, pues esperaba que lo dejaran entre rejas. Pero también reconoció lo significativo que es que el pariente de quien él ha identificado como el "jefe de la banda" esté privado de la libertad, así sea parcialmente.
"La casa por cárcel no es el final, es otra escala en el camino", apuntó Gutierrez. Por su parte, el director de la veeduría Todos por Medellín, Hernando Muñoz, dijo que aunque no fuera lo que muchos esperaban, algo positivo es que el juez no desechó las pruebas, como pidió el abogado Santiago Trespalacios, que defiende a Miguel Quintero, y en cambio reconoció la rigurosidad que tuvo la Fiscalía en la investigación.
"A veces uno se desanima porque el trabajo de las investigaciones y las denuncias es muy lento, y se llega a una definición que no es la que uno quisiera, pero respetamos profundamente la decisión de la justicia", recalcó Muñoz. Es importante recordar que Todos por Medellín fue una de las primeras instancias de la sociedad civil que comenzó a recibir denuncias e investigar la presunta corrupción en la pasada administración.
Investigación de contratos en el AMVA
En septiembre de 2023 y después de una indagación minuciosa que hizo con su equipo, esa entidad cívica -en ese momento con Piedad Restrepo a la cabeza- hizo público y puso en conocimiento de las autoridades la triangulación de contratos entre el AMVA, Metroparques y el Inder, y la existencia de un presunto cartel de la contratación con empresas hacia las cuales se direccionaba la asignación de recursos a dedo.
Además, un correo recibido por la veeduría por un denunciante que aparentemente había participado en el entramado y que se mantuvo inédito hasta las primeras audiencias de imputación por el caso con los bomberos fue el punto de partida para indagar el presunto rol que habría tenido Miguel, el hermano del entonces alcalde, así como el modus operandi, algo que posteriormente se ha complementado con las declaraciones de los testigos bajo principio de oportunidad y otras pruebas aportadas. Para Muñoz, en esta prisión domiciliaria también hay un mensaje simbólico por tratarse de una restricción a la libertad para una persona tan cercana al exmandatario.
"Así no haya sido lo que la ciudadanía esperaba, siente la gente que hay un avance frente a unas personas que se robaron la ciudad y que han cometido delitos y le han hecho mal a la ciudad", recalcó. El juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías fue el mismo que desestimó la medida de aseguramiento para Juan David Palacio, quien dirigió el Área en aquella época en que Daniel Quintero mandaba en Medellín a la par que Miguel habría sido el poder detrás del poder en el AMVA.
Decisiones del juez sobre Palacio
Palacio era imputado por presunto interés indebido en contratos y peculado, junto con dos ex subsecretarias del área ambiental del Área y con el excontador de los bomberos de Itagüí, pero la Fiscalía solo requirió medida intramural para él porque, en su concepto, podría obstruir la justicia, esto basada en que habría sido él quien ordenó formatear varios computadores del Área el 28 de diciembre de 2023 con el fin de borrar información contractual y contable relevante. La negativa al pedido ocurrió el 16 de febrero de este año, argumentando que no se acreditó lo anterior ni que hubiera peligro para la comunidad porque Palacio ya no ocupaba cargos públicos.
Llegó a decir incluso el juez que este había actuado no por iniciativa propia sino bajo el influjo de otros. El viernes, 3 de octubre, el juez inició con una disertación sobre el supuesto daño que la exposición mediática le ha hecho al proceso y en algunas ocasiones se dirigió expresamente al abogado Trespalacios haciéndolo ver como uno de los supuestos afectados.
Posteriormente dijo por qué no consideraba válido lo dicho por la Fiscalía y el abogado del AMVA, Mayer Abushihab, como sustento de que Quintero y Ortega hubieran participado en un plan para 'torcer' o intimidar a los testigos y tampoco que hubiera un riesgo de fuga.
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