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El departamento del Cauca y el Putumayo se encuentran en plena crisis de la hoja de coca, con 40.500 hectáreas de cultivo y una propuesta innovadora para erradicarla manualmente en 15 días, acompañada de un plan de sustitución de cultivos lícitos y el cierre de la Zona de Ubicación Temporal, mientras se enfréntan a la desconexión de apoyo militar estadounidense.
El kártel de la hoja de coca en el Putumayo se ha convertido en una crisis social y mediática sin precedentes. En el último mes, la región ha sido escenario de intensos debates entre autoridades, productores y la sociedad civil sobre la proliferación de cultivos ilícitos y los riesgos de la erradicación.
Los datos más recientes muestran que el departamento contiene 40.500 hectáreas dedicadas a la hoja de coca, cifra que supera con creces la media de los años 2009‑2011, cuando la superficie fluctuó entre 4.000 y 5.000 hectáreas antes de alcanzar un máximo de 53.000 hectáreas en 2014. La agricultura ilícita representa a la vez un motor económico para el 23 % de las familias rurales, es decir, alrededor de 22.000 hogares que dependen de la producción de coca para sus ingresos.
Erradicación manual propuesta por John Molina
El gobernador John Molina ha impulsado una propuesta radical y totalmente innovadora, la cual plantea que las propias familias cocaleras erradiquen manualmente las hectáreas de hoja de coca en tan solo 15 días. La idea se basa en la división de la responsabilidad entre los particulares y la comunidad, con la finalidad de evitar los daños históricos vinculados a la fumigación masiva con glufosinato de amonio, la cual, según la evidencia local, ha sido responsable de la pérdida de vidas, enfermar a mujeres embarazadas y contaminar las fuentes hídricas y la fauna, además de afectar los cultivos lícitos.
Para que la erradicación sea sostenible el departamento ha trazado un plan de sustitución que contempla la siembra de 50 000 hectáreas de cultivos lícitos, distribuidas equitativamente en 10 000 hectáreas. La iniciativa requerirá una inversión de cerca de un billón de pesos y se reiteran las exigencias de infraestructura, como la mejora de carreteras, electrificación y la creación de verdaderas cadenas productivas.
Se espera la participación de al menos cinco ministerios nacionales, que supervisarán la ejecución de la reforma y establecerán un cronograma claro. En el ámbito del orden público, la *Resolución 389* marcó el cierre definitivo de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del municipio del Valle del Huamués, donde se había concentrado a integrantes de los Comandos de Frontera.
Gustavo Petro y cierre ZUT Huamués
En la zona permanecen 62 ex combatientes bajo vigilancia de la Agencia de Reincorporación, mientras el ejército mantiene cordones de seguridad perimetrales. Además, las autoridades judiciales de la región han emitido órdenes de captura contra individuos con procesos penales pendientes que no respeten la nueva realidad territorial. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha decidido en este mismo mes cerrar la clasificación de Colombia como actor aliado en la lucha antidrugas, según declaraciones a la televisión.
Esta medida se ha prolongado con la promesa de que el país pueda perder cientos de millones de dólares en apoyo militar estadounidense, una circunstancia que complica la cooperación internacional y obliga al gobierno nacional y departamental a buscar alternativas de financiamiento y apoyo interno. La conjuntura en el Putumayo presenta una profunda desigualdad: 44 % de la población vive en zonas rurales y se ha vuelto inevitable que la transición a cultivos lícitos se busque con la máxima colaboración de los actores locales.
Nueva ruta para la región cocalera
El gobernador y la comunidad cocalera confían en que el plan de erradicación manual, combinado con la inversión social y la creación de verdaderas rutas productivas, sentará un nuevo rumbo para la región. Este proceso de transformación no solo implica la eliminación de la hoja de coca, sino también la reforma de la realidad socioeconómica y el fortalecimiento de la seguridad y la infraestructura en una de las zonas más golpeadas por el narcotráfico en Colombia.
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