Informe de la ONU y el Minminas revela que la explotación de oro de aluvión creció 4,5 % entre 2024 y 2025 en Colombia, con mayoría ilícita y presencia de grupos armados.
La explotación de oro de aluvión en Colombia aumentó un 4,5 % entre 2024 y 2025, según el informe anual publicado por el Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( ONUDD). El estudio indica que la mayoría de esta actividad es ilícita y está impulsada por actores armados ilegales. Durante 2025, la explotación de oro de aluvión, mineral que se almacena cerca de ríos, quebradas y llanuras aluviales, alcanzó las 118.410 hectáreas, superando las 113.310 hectáreas de 2024.
Aumento de la explotación ilícita
De acuerdo con la ONU y el Minminas, la explotación ilícita creció un 10 % en ese período. El reporte para 2025 señala que 15 de los 32 departamentos del país muestran Evidencias de Explotación de Oro de Aluvión (EVOA) en tierra. La mayor parte de la explotación ilícita (82 %) se concentra en Chocó con 41.493 hectáreas, Antioquia con 24.282 hectáreas y Bolívar con 7.222 hectáreas. Además, diez municipios concentran el 54 % de esta actividad en la categoría ilícita: Nóvita, El Cantón de San Pablo, Río Quito, Istmina y Quibdó, en Chocó; Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza, en Antioquia, y Ayapel, en Córdoba.
El informe detalla que las tierras de comunidades afros albergan el 45 % de las hectáreas afectadas por la minería de oro de aluvión durante 2025, y que el 84 % de esas tierras se encuentran en Chocó. Por otra parte, aunque la explotación en tierras indígenas es mínima frente al total (0,4 %), el informe reporta un crecimiento del 25 % durante la última medición.
Entre los principales hallazgos se encuentra que el incremento de la explotación de oro de aluvión entre 2024 y 2025 ocurrió, en su mayoría, en tierras de las comunidades negras, representando el 61 % del aumento, equivalente a 3.096 hectáreas. Asimismo, se detectó evidencia directa o cercana de EVOA en tierra en 30 resguardos indígenas y se identificaron 215 sectores con alertas de EVOA en agua en 11 ríos de la Amazonía, ubicados en zonas cercanas a 64 resguardos.
Impacto en áreas protegidas
Otro aspecto que preocupa a los autores del informe es la presencia de minería de oro de aluvión en áreas protegidas o bajo alguna figura de restricción ambiental. El 49 % de las hectáreas afectadas están en zonas donde la minería no está permitida, y la mayoría son zonas de reserva forestal. Al menos 43.000 hectáreas están en la zona de reserva forestal del Pacífico, un área reconocida desde 1959 como zona de restricción para este tipo de actividades.
Además, el análisis evidencia un incremento del 153 % de las hectáreas afectadas al interior de áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales entre 2023 y 2025. En estas zonas está completamente prohibida la minería y hacen parte de las áreas dedicadas exclusivamente a la conservación ambiental en Colombia.
Presencia de grupos armados y cultivos ilícitos
El monitoreo señala que la presencia de grupos armados ilegales sigue siendo un factor crítico en las zonas con evidencia de explotación de oro de aluvión. El número de municipios con esta actividad y presencia de al menos un grupo armado ilegal pasó de 114 en 2024 a 118 en 2025. A esto se suma la convergencia con cultivos de coca: 79 de los 118 municipios donde se identificó EVOA en 2025 también registraban este cultivo en 2024, principalmente en Antioquia, Nariño, Cauca y Chocó.
La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, dijo durante la presentación del informe que el Gobierno tomará varias acciones para contener esta problemática. La evidencia es clara: la presión crece en los parques nacionales, en las tierras de las comunidades negras y en los resguardos indígenas, casi siempre de la mano de grupos armados. Aquí no hay un debate sobre la minería: hay una confrontación entre el Estado y las economías criminales que usan el oro para financiar la violencia. Por eso actuaremos en tres frentes: formalizar a quien tiene vocación de legalidad, perseguir con el Ministerio de Defensa a las estructuras criminales y recuperar los territorios afectados, concluyó.
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