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Un macroproceso de extinción de dominio en San Victorino mantiene cerrado un edificio de la familia Giraldo tras el arriendo de un local a un contrabandista.
En San Victorino, Bogotá, un edificio permanece cerrado desde hace unas semanas como parte de un macrocaso de extinción de dominio que avanza en secreto y que involucra a decenas de inmuebles del sector. La familia Giraldo, propietaria del inmueble, denunció la pérdida de su fuente de trabajo tras el arriendo de un local a un presunto contrabandista.
Detalles del macrocaso en San Victorino
El caso hace parte de un macroproceso de extinción de dominio que abarca decenas de otros edificios en San Victorino, uno de los sectores comerciales más poderosos de Bogotá. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) inició acciones para hacer efectiva la entrega material del inmueble a favor del Estado.
Según las autoridades, un contrabandista arrendó un local en el edificio y fue descubierto, lo que desencadenó el proceso legal. La familia Giraldo mantenía más de 20 locales arrendados en el país, incluyendo el inmueble afectado, donde se vendían blusas para mujer al menudeo.
La mercancía incautada correspondía solo a uno de los locales, pero el proceso de extinción de dominio recayó sobre todo el edificio. La familia perdió el negocio que sostenía a varias personas, incluyendo a su hijo y nuera.
Impacto en los propietarios de buena fe
La familia Giraldo expresó su frustración: “Este edificio lo conseguimos con un esfuerzo muy grande. Ahí trabajaban mi hijo y mi nuera. Era una comunidad: ellos abrazaban a los vendedores ambulantes, impulsadores, gente que trabaja ahí e incluso personas con problemas de drogadicción. Es imposible saber si alguien está trayendo contrabando”, señalaron.
El caso plantea interrogantes sobre la aplicación de la extinción de dominio a personas del común que arriendan propiedades donde se comete un ilícito. Según expertos, el proceso está diseñado para combatir organizaciones criminales, pero su aplicación a propietarios de buena fe puede resultar desproporcionada.
La SAE explicó que la enajenación temprana es legal y que se establece una reserva técnica del 30 % de los recursos obtenidos para atender órdenes judiciales de devolución. Sin embargo, la familia afectada considera que se debería separar la conducta del arrendatario de la del dueño del inmueble.
Acciones legales y recomendaciones
El juzgado invitó a la familia a que pelee en juicio su condición de poseedores de buena fe, para que eventualmente el Estado pueda repararlos por quitarles el bien antes de tiempo. La familia debería acreditar el origen lícito del inmueble, así como las actuaciones de seguimiento razonablemente posibles y la respuesta dada a cualquier señal de alerta.
Si cumplió esos deberes y fue ajena al contrabando, su caso podría ser favorable en el proceso. Mientras tanto, el edificio permanece cerrado y los ocupantes son renuentes a realizar la apertura del bien inmueble, según consta en un acta a las 09:30 AM.
La comunidad del sector lamenta la situación, pues el edificio albergaba a vendedores ambulantes, impulsadores y personas en situación de calle que dependían de la actividad comercial. La pérdida del inmueble ha afectado no solo a la familia propietaria sino a todo un ecosistema de trabajadores informales.
Contexto del proceso de extinción de dominio
El proceso de extinción de dominio está pensado para combatir organizaciones criminales y en ese escenario funciona bien. El problema es que ese mismo proceso se aplica a la persona del común que, por ejemplo, arrienda una casa donde se comete un ilícito.
Para vender cualquier bien, primero debe existir una medida cautelar, la aprobación del comité competente y alguna de las circunstancias como el riesgo de ruina o deterioro, la dificultad o el costo desproporcionado de administración. En el caso de San Victorino, la mercancía incautada incluía blusas de combate, leggins y camisetas muy baratas, avaluadas presuntamente en hasta $250.000 pesos cada una, aunque los comerciantes señalan que en el centro no hay blusas de ese valor.
La familia Giraldo insiste en que es imposible saber si alguien está trayendo contrabando y que ellos arrendaron el local de buena fe. El caso sigue en curso y se espera que en los próximos meses se defina si el Estado confisca el bien por completo o si los afectados son exonerados de toda culpa.
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