Extinción de dominio en San Victorino cierra edificio y afecta a familia Giraldo

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Extinción de dominio en San Victorino cierra edificio y afecta a familia Giraldo
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Un macrocaso de extinción de dominio en San Victorino avanza en secreto y ya cerró un edificio. La familia Giraldo perdió su negocio y denuncia afectación desproporcionada.

En San Victorino, uno de los sectores comerciales más concurridos de Bogotá, avanza en secreto un macrocaso de extinción de dominio que ya derivó en el cierre de un edificio. La familia Giraldo, propietaria del inmueble, perdió el trabajo de toda la vida después de que uno de sus arrendatarios fuera señalado de contrabando. La Sociedad de Activos Especiales ( SAE) ejecutó la entrega material del bien a favor del Estado, mientras decenas de otros edificios del sector están incluidos en el mismo macroproceso.

El caso que desató el cierre

El origen del proceso fue el arrendamiento de un local a un ciudadano chino que, según las autoridades, utilizaba el espacio para actividades de contrabando. En el local se vendían blusas para mujer al menudeo, pero la mercancía correspondía a solo uno de los más de veinte locales que la familia Giraldo tenía arrendados en el país.

A pesar de que la investigación apuntaba a un solo arrendatario, la medida cautelar recayó sobre el edificio completo. La SAE argumentó que el inmueble figura bajo una sola matrícula y que el local no tiene independencia jurídica, lo que permitió que la afectación se extendiera a todo el predio.

La respuesta de la SAE y el proceso legal

La SAE explicó que la enajenación temprana es legal y que existe una reserva técnica del treinta por ciento (30 %) de los recursos obtenidos para atender órdenes judiciales de devolución. Sin embargo, la familia Giraldo denuncia que el cierre se produjo sin que haya terminado el juicio correspondiente.

Los ocupantes se mostraron renuentes a abrir el inmueble, según consta en el acta de las 09:30 AM. La mercancía incautada incluía blusas de combate, leggins y camisetas muy baratas, con precios de entre $10.000, $15.000 o $20.000 pesos, pero habrían sido avaluadas falsamente en hasta $250.000 pesos cada una. La familia sostiene que en el centro no hay blusas de ese valor y que la avaluación inflada busca alcanzar el monto para iniciar acciones de extinción de dominio.

El impacto en la familia y el debate jurídico

La familia Giraldo asegura que el edificio fue conseguido con un esfuerzo muy grande y que allí trabajaban su hijo y su nuera. Describen el lugar como una comunidad donde se apoyaba a vendedores ambulantes, impulsadores e incluso personas con problemas de drogadicción. Consideran imposible saber si alguien trae contrabando y piden que se separe la conducta del arrendatario de la del propietario de buena fe.

Expertos señalan que el proceso de extinción de dominio está pensado para combatir organizaciones criminales, pero advierten que su aplicación a personas comunes puede ser desproporcionada. Un juzgado invitó a la familia a pelear en juicio su condición de poseedores de buena fe para que eventualmente el Estado pueda repararlos por quitarles el bien antes de tiempo.

Para afectar definitivamente el derecho del dueño, la fuente agrega que debe demostrarse que este conocía la destinación ilícita o que omitió actuar frente a señales que una persona prudente no podía ignorar. La familia debería acreditar el origen lícito del inmueble, así como las actuaciones de seguimiento razonablemente posibles y la respuesta dada a cualquier señal de alerta.

El caso sigue en curso y se espera que en los próximos meses se defina si el Estado secuestra el bien por completo o si los afectados son exonerados de toda culpa. Mientras tanto, el edificio permanece cerrado y la familia Giraldo insiste en que perdió el trabajo de toda la vida.

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