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La fiscal general Luz Adriana Camargo propone reformar el sistema penal acusatorio y simplificarlo para superar la crisis de la justicia. Entrevista de EL TIEMPO.
La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, propuso una reforma sustancial al sistema penal acusatorio para sacarlo de la crisis que atraviesa. En una entrevista con EL TIEMPO, Camargo afirmó que la justicia se encuentra desbordada y que es urgente simplificar los procesos judiciales. La funcionaria también se refirió a los expedientes contra exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro y a varios casos emblemáticos, como los de Nicolás Petro, Laura Sarabia y Ecopetrol.
La Reforma al Sistema Penal Acusatorio
Camargo explicó que la oralidad le está quitando mucho dinamismo al sistema penal. Según la fiscal, una forma de agilizar los procesos sería no tenerle miedo a la escrituralidad. La funcionaria insistió en que el sistema actual está desbordado y que existen brechas terribles en los tiempos procesales. Estas demoras afectan especialmente a la jurisdicción penal ordinaria, lo que impide una respuesta rápida y efectiva a los ciudadanos.
La fiscal señaló que su despacho tiene toda la disposición de aportar a cualquier mejora para el sistema penal colombiano. Actualmente, se encuentran en pleno momento de lectura de proyectos de reforma. Camargo subrayó que la participación plena de la Sala de Casación Penal y de la Fiscalía ha dado buenos resultados en términos de justicia negociada. Para ella, no se puede llevar todo a juicio y es necesario avanzar en modelos de mejor investigación y judicialización.
Preocupación por Grupos Criminales en Territorios
La fiscal advirtió que los grupos criminales se han fortalecido demasiado y ahora deben ser enfrentados con ese tamaño. Le preocupa especialmente el dominio que ha adquirido un grupo particular en la troncal del Caribe. En esas zonas, se han encontrado grupos muy beligerantes que incluso desafían a las autoridades con paros armados o actos públicos de respaldo. Esto evidencia un control territorial preocupante.
Camargo mencionó que, en el marco de las labores de investigación, se descubrió que estas personas cometieron delitos muy graves durante la época de los diálogos. No solo se trata de delitos de economías ilícitas, sino también de lesa humanidad, reclutamiento de menores, homicidios de líderes sociales y desplazamientos forzados. Por ello, se levantaron los estatus de todos los negociadores y se reactivaron las órdenes de captura.
La funcionaria destacó que la labor de la Fiscalía es seguir los procesos y ese es el mejor aporte para disuadir a los actores criminales. Sin embargo, reconoció que fue una verdadera tragedia humanitaria en Norte de Santander, donde los procesos se prolongaron durante todo el año. Actualmente, se adelantan imputaciones y se espera hacer efectivas las órdenes de captura, no solo contra los líderes sino contra las estructuras que dinamizan la violencia.
Balance de Casos Emblemáticos y Justicia Negociada
En la entrevista, Camargo hizo un balance de cómo van los expedientes contra exfuncionarios de Petro. Aunque no dio detalles específicos, mencionó que casos como el de Nicolás Petro, Laura Sarabia y Ecopetrol avanzan judicialmente. La fiscal reiteró que la justicia negociada es una herramienta clave para agilizar los procesos y evitar que todo llegue a juicio. En ese sentido, abogó por fortalecer los modelos de investigación y judicialización.
Respecto a la extorsión, la fiscal informó que desde el año pasado se empezó a rediseñar el trabajo con el Gaula, un grupo operativo de la Policía con mucha trayectoria. El objetivo es dejar de perseguir la extorsión desde las direcciones seccionales y tratarla como un tema de crimen organizado. Esto ha permitido capturar a cinco personas de un grupo y recuperar material bélico, equipos de cómputo y teléfonos que sirven como evidencia. También se ha identificado una serie de establecimientos de comercio que deben pagar contribuciones para seguridad, lo que se extiende a las ciudades.
La fiscal concluyó que es muy importante mantener un diálogo fluido con las autoridades y que eso es lo que se ha hecho en las reuniones. Insistió en que los delitos que más afectan la vida cotidiana del ciudadano requieren un esfuerzo adicional en investigación y judicialización. Para ella, la reforma al sistema penal es indispensable para superar la crisis y garantizar una justicia oportuna y eficaz.
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