Fraude multitudinario en el Tecnológico de Artes Débora Arango: la nómina y las transferencias internas pierden cientos de millones

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Fraude multitudinario en el Tecnológico de Artes Débora Arango: la nómina y las transferencias internas pierden cientos de millones
Fraude Financiero, Nómina, Institución Educativa

El dinero destinado a la nómina y a otras transferencias dentro del Tecnológico de Artes Débora Arango fue alterado, provocando un fraude de 657 millones de pesos. La institución, con la ayuda de sus controles internos y la intervención del Banco, duda de la envolventía del delincuente, por lo que rivaliza la diferente pauta de los sistemas de la institución. Los deficiente de reglas y las pruebas que deben supporting en el proceso apuntan las acciones de la administración nacional, mientras los infractores no han sido identificados

El Tecnológico de Artes Débora Arango se vio envuelto en una grave alarmista financiera tras la detección de un supuesto fraude que afectó la nómina de sus empleados.

Según el rector Juan Carlos Mejía Giraldo, la irregularidad surgió el 15 de septiembre durante el pago de los sueldos de 58 funcionarios, de los cuales diez resultaron afectados. Los cambios no se produjeron dentro de los sistemas internos de la institución, sino en la etapa final del proceso, al momento de cargar la información en el portal transaccional del banco.

Modificaciones en el pago salarial

El procedimiento salarial típico del centro educativo comienza con la creación de un archivo plano por la tesorería, que contiene los datos relevantes como nombres, documentos de identidad, cuentas bancarias y montos a pagar. Posteriormente, un vicerrector revisa y aprueba la información antes de enviarla al banco. Según el rector, en esta fase se observaron modificaciones: los números de identificación y las cuentas destino fueron alterados, manteniéndose los nombres intactos.

Este tipo de manipulación, explicó Mejía, facilita dirigir los fondos a cuentas ajenas sin que se detecte una alteración de nombres, un criterio que indican los responsables del fraude. Al momento de recibir la información, el rector ordenó una revisión exhaustiva del sistema institucional y del portal bancario. El informe de la informática confirmó que no había evidencias de una vulneración directa de la plataforma del Tecnológico.

El foco de la investigación se desplazó al portal transaccional, donde se identificaron transferencias entre cuentas propias de la institución, con valores cercanos a 281 y 330 millones de pesos. Al consolidar todas las operaciones, se estimó un perjuicio de casi 800 millones de pesos, pero luego el rector realizó una auditoría "exprés" para reconstruir los hechos, reduciendo la cifra a 657,135,558 pesos.

Investigación y respuesta de los bancos

El estruendo del caso provocó que el rector presentara quejas formales ante BBVA y Banco de Bogotá, solicitando explicaciones y la respuesta de estos bancos sobre cómo surgieron los cambios. Además, el Tecnológico confiscaron y embalaron los computadores usados en el proceso, considerando que contenían evidencia crítica para determinar la causa de los fallos.

Cuando el banco remitió la solicitud de acceso para una auditoría forense, el rector se negó a entregar los equipos, argumentando que solo una autoridad independiente, como la Fiscalía, debía manejarlos. Tras la denuncia, el rector reveló que parte de los fondos desviados provienen de un programa financiado por el BID, sobre lo que ya se informó al Ministerio. La comunidad local y los órganos de gobierno de Envigado se reunió con el rector para revisar los detalles del incidente.

Se destacó que, si bien la institución dio los primeros pasos en la prevención mediante la doble revisión de la nómina, el fallecimiento de controles en la etapa de carga se reconoció como el punto crítico. El rector concluyó que la institución debe reforzar la vigilancia de las cuentas bancarias y de las operaciones de transferencia, así como la capacitación de su personal en temas de ciberseguridad.

Controles y prevención de nuevos fraudes

El caso plantea preguntas cruciales sobre la protección de los datos en las instituciones educativas y la responsabilidad de los bancos en la prevención de fraudes. La información presentada al Concejo deja claro que la administración del Tecnológico quiere asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que busca las respuestas necesarias para evitar que se repita una situación similar.

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