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La Gobernación de Santander pidió al Tribunal Administrativo de Santander revisar el Acuerdo 008 de 2026, mediante el cual el Concejo de Barrancabermeja autorizó usar recursos del Fondo de Infraestructura para Establecimientos Educativos Oficiales como garantía de operaciones de crédito público. La Gobernación considera que la norma excede las competencias del Concejo y no define monto, plazo, condiciones financieras, rentas pignoradas ni efectos sobre la capacidad de pago del Distrito.
La Gobernación de Santander le pidió al Tribunal Administrativo de Santander revisar el Acuerdo 008 del 19 de agosto de 2026, con el que el Concejo de Barrancabermeja modificó las reglas del Fondo de Infraestructura para los Establecimientos Educativos Oficiales, FIEB.
La modificación permite que parte de estos recursos puedan respaldar operaciones de crédito público. La solicitud fue presentada por el gobernador Juvenal Díaz Mateus el pasado 14 de septiembre, luego de que el acuerdo fuera aprobado por el Concejo y sancionado por el alcalde Jonathan Vásquez Gómez. La Gobernación sostiene que la norma podría ir en contra de disposiciones superiores que regulan el endeudamiento de las entidades territoriales.
“ El acuerdo acusado excede el ámbito de competencia del Concejo Distrital de Barrancabermeja al establecer una autorización general para que, en el futuro y sin determinación de las condiciones esenciales de cada operación, el Distrito pueda comprometer recursos del Fondo de Infraestructura para los Establecimientos Educativos Oficiales de Barrancabermeja, FIEB, como garantía de operaciones de crédito público”, señala la solicitud de invalidez. Según la Gobernación, el acuerdo no establece cuánto dinero podría comprometerse, por cuánto tiempo, ni bajo qué condiciones financieras.
Tampoco precisa qué rentas podrían ser pignoradas ni cómo se mediría el impacto de esas garantías sobre las finanzas del Distrito.
“En el caso concreto, el precitado Acuerdo N° 008 de 2026 no determina: monto máximo, plazo máximo, condiciones financieras, rentas específicas susceptibles de pignoración, porcentaje máximo de recursos del FIEB que podrá comprometerse, cuantía máxima de la garantía, metodología para valorar la contingencia, impacto sobre la capacidad de pago, incidencia sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo y condiciones bajo las cuales podrá afectarse el flujo futuro de los recursos del FIEB”, se lee en el documento. Para el Departamento, estos vacíos hacen que la autorización sea demasiado amplia y podrían permitir comprometer recursos públicos en futuras operaciones sin que estén definidas desde ahora sus condiciones.
El acuerdo fue sancionado por el alcalde de Barrancabermeja en agosto El Acuerdo 008 fue aprobado por el Concejo el 19 de agosto y sancionado al día siguiente por el alcalde Jonathan Vásquez Gómez. La norma modificó el acuerdo que creó el FIEB y amplió su alcance para permitir garantías relacionadas con créditos destinados a proyectos de infraestructura física y digital de los colegios oficiales.
También incluyó proyectos de transición energética, como la instalación de paneles solares y otras fuentes de energía renovable, dentro de los usos del fondo. La modificación establece que el Distrito podrá constituir garantías o contragarantías con recursos del FIEB, incluida la pignoración de rentas. La medida aplica al 80 % de los recursos administrados por el Distrito, mientras que el 20 % correspondiente a los Fondos de Servicios Educativos de cada colegio no podrá ser afectado.
Antes de la sanción, la Secretaría Jurídica Distrital dejó constancia de que había revisado el acuerdo y lo encontró ajustado a las normas vigentes. El alcalde posteriormente lo sancionó y lo remitió a la Gobernación para la revisión jurídica correspondiente. Ahora será el Tribunal Administrativo de Santander el que deberá estudiar los argumentos de la Gobernación y determinar si el Acuerdo 008 se ajusta al marco legal que regula este tipo de operaciones.
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