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El Gobierno dio por terminado el Espacio Sociojurídico con las ACSN mediante las resoluciones 348, 349 y 350 de 2026 por falta de avances.
El Gobierno Nacional ordenó la terminación formal del Espacio de Conversación Sociojurídico que se adelantaba con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada .
La determinación quedó consignada en las resoluciones 348, 349 y 350 expedidas por la administración central en el presente periodo de 2026, tras constatar la inasistencia de aportes comprobables al proceso de paz y la inexistencia de una voluntad real de sometimiento al Estado de Derecho por parte de la estructura armada. Mediante la Resolución 349 se decretó la cancelación del escenario de diálogo abierto originalmente en agosto de 2024 a través de la Resolución 300.
Por su parte, la Resolución 348 derogó la calidad de representantes a nueve integrantes de la organización delictiva, en tanto que la Resolución 350 revocó la designación de Óscar Mauricio Silva Osorio como coordinador de la delegación gubernamental en el proceso.
En la argumentación jurídica de los actos administrativos se puntualiza que, transcurridos más de dos años desde la apertura de las conversaciones, el grupo al margen de la ley continuó con actividades ligadas al narcotráfico, la extorsión y la delincuencia organizada,La suspensión de la mesa de conversación tiene un efecto directo en la dinámicas de orden público de los departamentos del Magdalena, La Guajira y Cesar, zonas donde las ACSNInformes de seguimiento emanados por la Defensoría del Pueblo señalan que la terminación del espacio de diálogo exige incrementar la operatividad de la Fuerza Pública en corredores críticos expuestos a disputas territoriales.
Entre los municipios bajo alerta se destacan Santa Marta , Ciénaga y Fundación en el departamento del Magdalena; Dibulla y Riohacha en La Guajira; así como las jurisdicciones de Valledupar y Pueblo Bello en el Cesar. Con la emisión del paquete de resoluciones, la Casa de Nariño ratifica un criterio de condicionalidad estricta frente a las organizaciones ilegales: la viabilidad y permanencia de cualquier canal de interlocución o escenario sociojurídico quedará supeditada de manera exclusiva al cumplimiento de metas verificables de desarme
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