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El presidente Abelardo De La Espriella anunció la suspensión y cancelación de licencias de empresas de vigilancia privada presuntamente usadas por estructuras criminales para obtener armas.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció el jueves 1 de octubre, a través de sus redes sociales, que su Gobierno avanza en la suspensión y cancelación de licencias de empresas de vigilancia privada que, según sus declaraciones, habrían sido utilizadas por estructuras criminales para obtener armas y brindar protección a sus integrantes.
Empresas Afectadas por Decisiones Administrativas
De La Espriella aseguró que la compañía Maximus tiene su licencia cancelada, mientras que para Blink, Lost Prevention y Atenas ya se habrían adoptado decisiones de cancelación que todavía están pendientes de quedar en firme.
La situación de OL Security Group–Servisecurity es diferente. Según el pronunciamiento, la empresa permanece suspendida y el procedimiento para determinar la cancelación de su licencia continúa en trámite.
Las diferencias entre estas situaciones son relevantes, pues una decisión de cancelación que todavía no está en firme no tiene el mismo alcance jurídico que una licencia cuya cancelación ya adquirió firmeza. Del mismo modo, una suspensión administrativa y una investigación no equivalen por sí mismas a una condena penal.
Entre las compañías mencionadas hay firmas con sede en Barranquilla, algunas de ellas objeto de actuaciones administrativas por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Investigaciones y Vínculos con Organizaciones Criminales
El jefe de Estado hizo referencia a investigaciones relacionadas con empresas que tendrían presuntas conexiones con organizaciones criminales como Los Costeños y el Clan Vega Daza, además de posibles irregularidades relacionadas con el control y manejo de armas.
Según explicó, una de las primeras instrucciones que impartió a Wilson Caballero Ariza, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, tras su posesión fue investigar a las compañías que presuntamente sirven de fachada para facilitar el acceso a armamento por parte de organizaciones delincuenciales.
El Tiempo dio a conocer quiénes son los dueños de las empresas cuestionadas al revisar documentos mercantiles y expedientes para establecer quiénes figuran como propietarios de las empresas mencionadas por el jefe de Estado, así como los antecedentes conocidos de las actuaciones adelantadas contra algunas de ellas.
El Caso de Atenas de Seguridad Privada
Una de las compañías que aparece en el anuncio presidencial es Atenas de Seguridad Privada Limitada. De acuerdo con De La Espriella, la firma ya enfrenta decisiones de cancelación de su licencia, aunque estas están pendientes de quedar en firme.
La empresa fue escenario de un violento episodio el 25 de mayo pasado. Ese día, hombres armados con fusiles de asalto, mini Uzi y pistolas con proveedores adaptados para 50 disparos intentaron asesinar al comerciante Raúl Antonio Montes en la sede de la compañía, ubicada en la carrera 43B con calle 84, en el norte de Barranquilla.
Montes fue jefe de seguridad de Enilce López, conocida como la Gata. El ataque dejó un escolta muerto y otras tres personas heridas.
Según un acta de la empresa, con fecha 26 de agosto pasado, consultada por ese diario, entre los accionistas de Atenas figuran Jacqueline de la Rosa Paternina, exesposa de Montes, con el 90 por ciento de participación, y su hermano, Andrés Felipe de la Rosa Paternina.
El atentado también estuvo rodeado de acusaciones cruzadas. Montes señaló que quienes pretendían asesinarlo estarían al servicio de Jorge Luis Alfonso López, hijo de la Gata, en presunta asociación con el senador Antonio José Correa, del Partido de la U. Ambos negaron esos señalamientos y sostuvieron que eran ellos quienes estaban en peligro.
En el marco de las diligencias para esclarecer las versiones, las autoridades escucharon en declaración a Digno José Palomino, señalado jefe de la banda criminal Los Pepes. Para junio pasado estaba previsto recibir el testimonio de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, identificado como jefe de Los Costeños.
Otras Empresas Mencionadas y sus Antecedentes
Otra de las empresas mencionadas por el mandatario es Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., registrada en Barranquilla desde 2010 y con presencia comercial en Urabá y La Guajira, según los registros mercantiles consultados por El Tiempo.
La compañía Blink también aparece en la lista de empresas con decisiones de cancelación pendientes de firmeza. No se han revelado más detalles sobre su situación específica.
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