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El ministro de Justicia, Iván Cancino, aparece a favor de las decisiones del Estado respecto al presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz, instando a prudencia ante las preguntas de la comunidad internacional y del propio tribunal. El gobierno, bajo la revisión de su presupuesto 2027, busca movilizar fondos hacia la justicia ordinaria y proponer el fin de la JEP en 2028 sin posibilidad de prórroga. La postura del ministro se centra en la necesidad de eficiencia fiscal y la protección de las garantías de las víctimas y la integridad del Acuerdo de Paz.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, se presentó ante los medios para defender las recientes elecciones del Gobierno en torno al presupuesto asignado a la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP), argumentando que la estructura del tribunal, establecida a partir del Acuerdo de Paz de 2016, debe evaluarse en el contexto de la situación fiscal actual del país.
En declaraciones al diario *El Diario*, el funcionario destacó que el debate no debe interpretarse como un ataque a la JEP sino como un análisis de la ejecución presupuestaria, puesto que, según Cancino, "nunca han ejecutado el 100 % del presupuesto que se les ha otorgado". Asimismo, hizo hincapié en que una fracción de la organización de la JEP es temporal y que la comunidad internacional y el tribunal mismo deben actuar con prudencia y mesura ante los cuestionamientos que han surgido tras el ajuste de recursos.
Recorte presupuestal y vigencia de la JEP
La propuesta de ajuste llega en un periodo de revisión del Presupuesto General de la Nación para 2027, donde se han planteado la reubicación de fondos de la JEP hacia la justicia ordinaria. Parte del proyecto contempla un recorte de 100 000 millones de pesos, una cifra que la JEP considera crítica para mantener su funcionamiento y garantizar los derechos de las víctimas, según se manifestó en la última sesión del directorio del tribunal.
La controversia también se suma a una iniciativa legislativa del senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, que solicita que la JEP termine su vigencia en 2028, sin posibilidad de prórroga. Gómez sostiene que la ampliación de cinco años implicaría un costo estimado de 6,2 billones de pesos entre 2027 y 2033 y que esos recursos deberían destinarse al fortalecimiento de la justicia ordinaria y a los despachos y cargos del Consejo Superior de la Judicatura.
En sus alegatos, Gómez enfatizó que la forma de titularizar la investigación y acusación de los casos pendientes permitiría al sistema judicial llevar el proceso con mayor agilidad. De manera simultánea, Cancino aclaró que el Gobierno no apoyaría una eliminación inmediata de la JEP y que cualquier reforma debe respetar la Constitución y el marco de justicia transicional, recordando que "acabar con las cosas de un plumazo no tiene sentido y, además, la Constitución no lo permite".
Eficiencia fiscal, víctimas y acuerdos de paz
El debate llega a un punto crítico, pues la corrección presupuestaria no solo afecta los límites de la jurisdicción de la JEP, sino también el acceso a la justicia y la implementación de los acuerdos de paz. El gobierno mantiene que esta discusión responde a la necesidad de eficiencia del gasto ante las restricciones fiscales, mientras las entidades defensoras de la JEP advierten que los recortes podrían obstaculizar la marcha de los procesos y la protección de las víctimas de conflicto.
Su posición subraya la importancia de una transición planificada y respetar los compromisos de las partes involucradas. El proceso de deliberación presupuestaria se ha intensificado con la incorporación de un proyecto de acta legislativa que busca fijar la duración de la JEP en diez años sin posibilidad de extensión. El senador Gomez también sugiere que la Fiscalía General de la Nación asuma las funciones de investigación y acusación de los procesos en curso.
La propuesta también contempla la transferencia de recursos de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura, con el objetivo de reforzar la infraestructura y el personal de la justicia ordinaria. De esta forma, la postura de Cancino y las orientaciones del gabinete apuntan a la necesidad de manejar las finanzas públicas más rígidamente a la vez que se respeta la legalidad y la obligatoriedad del Acuerdo de Paz.
Transición planificada y justicia transicional
Las declaraciones del ministro y la postura de los legisladores ceden un espacio para reflexionar sobre el papel de la JEP en la reconstrucción democrática del país. Mientras el gobierno sostiene que es necesario equilibrar la ejecución del presupuesto con la sostenibilidad fiscal, la JEP y las organizaciones de la sociedad civil advierten de que los recortes pueden poner en riesgo la justicia para las víctimas y la completitud de los procesos de verdad, reparaciones y justicia.
La inclusión de la perspectiva internacional en la conversación se resume en la petición a los organismos que mantengan una actitud prudente y responsable ante los cambios en la financiación de la jurisdicción. En última instancia, el debate sobre el presupuesto revela un intento de adaptar la justicia transicional a la realidad económica actual, sin abandonar las garantías de las víctimas y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
La comunidad internacional, los partidos políticos y los actores judiciales deberán encontrar un consenso que permita la continuidad de la JEP mientras el país enfrenta sus nuevas restricciones financieras. La situación, tal y como se presenta en este panorama, pone de relieve la complejidad de la gestión de la justicia en un contexto post-conflicto donde la reforma y la estabilidad combinan sus requerimientos con la urgencia de la reparación y la consolidación de la democracia.
El resultado de la discusión presupuestaria tendrá un impacto decididamente largo y el futuro de la JEP dependerá de las negociaciones entre las partes para que la justicia transicional y la eficiencia financiera se encuentren en equilibrio.
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