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El borrador mantiene el diálogo como vía preferente, pero permite acciones focalizadas ante hechos violentos.
Gobierno publica proyecto de decreto para regular protestas: Policía podría actuar mientras continúa el diálogo mientras continúa el diálogo, cuando se identifiquen hechos violentos contra personas, bienes o infraestructura.
La propuesta fue publicada por el Ministerio del Interior el 28 de septiembre y permanecerá abierta a comentarios hasta el 4 de octubre de 2026. Se trata todavía de un borrador, por lo que sus disposiciones no están vigentes. La iniciativa mantiene el diálogo como mecanismo preferente, pero redefine cómo operaría cuando aparezcan conductas violentas. Ese cambio constituye uno de los ejes centrales del proyecto.
El documento establece que privilegiar el diálogo no sería un requisito que suspenda o retrase las actuaciones individualizadas contra quienes estén ejecutando determinados actos de violencia durante una movilización. El borrador señala que, si desde el inicio se verifica porte o utilización de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios,La regla también abarcaría retenciones de personas, agresiones contra ciudadanos, servidores públicos, uniformados, misiones médicas o periodistas, además de la destrucción de infraestructura pública o privada.
La actuación, precisa el texto, tendría que dirigirse a quienes ejecuten esas conductas.la intervención individualizada. Al mismo tiempo, quienes continúen manifestándose pacíficamente conservarían las garantías previstas en el protocolo y seguirían cobijados por el diálogo y la mediación. Cuando resulte materialmente imposible aplicar previamente las primeras etapas del procedimiento, estas podrían omitirse.
Sin embargo, el Puesto de Mando Unificado deberá dejar constancia expresa de la decisión y justificar específicamente cada nivel del protocolo que no haya sido utilizado. El proyecto conserva otros límites existentes. Entre ellos están la prohibición del uso de armas de fuego por el personal uniformado que interviene en manifestaciones, la no participación de las.
La propuesta establece que la Policía Nacional dispondrá de un dispositivo permanente ubicado a una distancia mínima de cuatro metros, destinado a proteger tanto a los manifestantes como a quienes no participan. El proyecto mantiene una etapa de diálogo, interlocución y mediación mediante un equipo mixto que deberá actuar antes y durante las movilizaciones y conservar comunicación directa con quienes las convocan..
También tendría entre sus funciones anunciar previamente una posible intervención con uso de la fuerza, cuando las circunstancias lo permitan. El equipo, sin embargo, no negociaría las reivindicaciones de los manifestantes. Las conversaciones de fondo seguirían en cabeza de las autoridades competentes. El proyecto también incorpora representantes de sectores productivos, comunidades y entidades relacionadas con infraestructura o transporte cuando corresponda.
Cuando una movilización involucre carreteras nacionales, concesiones o sistemas de transporte masivo, el Puesto de Mando Unificado podría incluir representantes deEl proyecto fija ocho circunstancias objetivas para considerar agotado el diálogo después de gestiones sostenidas y documentadas. Entre ellas aparecen la imposibilidad de garantizar corredores para ambulancias, bomberos y organismos de socorro, y afectaciones a hospitales o urgencias.
También contempla desabastecimiento verificado de alimentos, agua, combustible o medicamentos, porte o uso de armas de fuego y explosivos, destrucción de infraestructura, retención de personas, agresiones contra autoridades o misiones médicas y la imposibilidad de mantener corredores solidarios.. El borrador plantea evaluar factores como duración, rutas alternas, paso de vehículos de emergencia, afectación de servicios esenciales y las consecuencias comprobables para trabajadores, hogares y pequeños comercios.
Además, las molestias, ruidos y alteraciones propias de una protesta no serían suficientes para activar estas causales. Tampoco los hechos aislados protagonizados por individuos cuando estos no comprometan el carácter pacífico del conjunto de la manifestación. Una vez agotada esa etapa, el protocolo prevé una actuación escalonada que va desde facilitación preventiva, diálogo directo y mediación hasta disuasión y restablecimiento del orden. El avance entre niveles deberá quedar motivado en elde la fuerza.
Las actuaciones posteriores deberán mantener la diferenciación y enfocarse exclusivamente en quienes hayan generado la causal correspondiente. Finalmente, alcaldías y gobernaciones tendrían 72 horas para publicar balances cuando existan afectaciones a personas, bienes o servicios. Si las consecuencias son graves, deberá convocarse un consejo de seguridad dentro de las 48 horas posteriores a la jornada. Mujer de 39 años despertó y quedó paralizada de por vida: 'Me diagnosticaron esclerosis múltiple. Pero actualmente, fue descartado'
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