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El Gobierno de De la Espriella anunció una ofensiva para reforzar los controles sobre la vigilancia y seguridad privada tras identificar empresas vinculadas a estructuras criminales.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció este jueves 1 de octubre una ofensiva para reforzar los controles sobre el sector de vigilancia y seguridad privada, luego de identificar empresas que estarían relacionadas con estructuras criminales o presentarían irregularidades en el manejo de armas. El mandatario aseguró que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ya adelanta investigaciones y procesos administrativos contra varias compañías del sector.
Investigaciones y empresas señaladas
Entre las compañías mencionadas en el pronunciamiento presidencial aparecen Maximus, Blink, Lost Prevention, Atenas y OL Security Group–Servisecurity. Según el mandatario, la empresa Maximus ya tiene la licencia cancelada, mientras que con Blink, Lost Prevention y Atenas la Superintendencia avanza en actuaciones administrativas relacionadas con posibles conexiones con Los Costeños, el Clan Vega Daza y presuntas irregularidades en los mecanismos de control de armas.
El jefe de Estado indicó que, tras la posesión del superintendente Wilson Caballero Ariza, impartió una instrucción clara para perseguir las fachadas que utilizan los delincuentes para armarse y protegerse. En un mensaje publicado en su cuenta de X, De la Espriella advirtió que la seguridad privada no puede servir de fachada al crimen.
Antecedentes de suspensiones y denuncias
Durante el primer semestre de este año, la Superintendencia había anunciado la suspensión de 31 licencias de funcionamiento de empresas de seguridad que eran objeto de investigaciones por presunta infiltración de estructuras criminales. Ahora, el Gobierno busca intensificar los controles y revisar caso por caso la situación de las compañías del sector en todo el país.
Estos vínculos entre empresas privadas de seguridad y organizaciones criminales fueron denunciados desde la administración de Gustavo Petro. Sin embargo, fue bajo el gobierno de De la Espriella que se activaron las primeras medidas administrativas contra las compañías señaladas.
Medidas y verificación por departamentos
El presidente enfatizó que la voluntad de su Gobierno para poner fin a estos nexos criminales llevará a examinar casos, departamento por departamento, hasta desmantelar a las empresas de seguridad que, lejos de proteger a la población, están del lado de quienes son una amenaza.
De la Espriella confirmó que le dio una orden concreta al nuevo superintendente: perseguir a empresas fachada que presuntamente estarían utilizando grupos delincuenciales para garantizar su protección. El Gobierno puso el ojo en los vínculos de empresas privadas de seguridad con organizaciones criminales.
Según el jefe de Estado, la Supervigilancia avanza en una serie de investigaciones contra empresas que tendrían nexos con grupos criminales, como Los Costeños y el Clan Vega Daza. También se investigan irregularidades relacionadas con el control de armas en varias compañías del sector.
El presidente indicó que se verificará en cada departamento que las entidades no estén relacionadas con redes ilegales y que los controles permitan identificar posibles vínculos entre empresas legalmente constituidas y organizaciones criminales. La ofensiva busca desmantelar las estructuras que utilizan compañías de vigilancia como cobertura para actividades ilícitas.
El Gobierno anunció que continuará con las investigaciones y procesos administrativos contra las empresas señaladas. Mientras tanto, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada adelanta las actuaciones correspondientes para cancelar o suspender las licencias de las compañías investigadas.
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