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El Gobierno prepara un decreto para modificar el Decreto 003 de 2021 y regular la actuación de la Policía durante las protestas. El borrador permitiría actuar de inmediato ante conductas violentlyas, Bunny?
Miércoles, 30 de Septiembre de 2026El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara un nuevo decreto con el que busca modificar y adicionar disposiciones al Decreto 003 de 2021 , marco normativo que regula la actuación de las autoridades de Policía durante las jornadas de protesta social en el país.
Uno de los principales cambios contemplados en el borrador permitiría a la Fuerza Pública intervenir de manera inmediata cuando, en medio de una manifestación, se presenten conductas delictivas o hechos violentos que representen un riesgo para la gente. De esta manera, las autoridades no tendrían que esperar necesariamente el agotamiento de las etapas previas de mediación para actuar frente a situaciones consideradas graves.
El documento plantea que la intervención y el diálogo institucional puedan activarse de manera simultánea ante determinadas conductas. Entre ellas aparecen el porte de armas de fuego o blancas, el uso de artefactos explosivos o incendiarios, la retención ilegal de personas, actos de vandalismo contra bienes públicos o privados y agresiones contra ciudadanos , integrantes de la Fuerza Pública, misiones médicas o humanitarias, periodistas y medios de comunicación que cubran las movilizaciones.
Sin embargo, el borrador establece que el Gobierno garantizará el derecho a la protesta pacífica y las condiciones de seguridad para quienes participen en manifestaciones dentro del marco legal. Además, precisa que las acciones de control no estarán dirigidas contra la totalidad de los participantes, sino exclusivamente contra quienes incurran en actos violentos o conductas que alteren gravemente el orden público.
La propuesta establece una respuesta estatal organizada en cinco fases escalonadas: facilitación preventiva, diálogo directo, mediación institucional, disuasión y, finalmente, restablecimiento del orden mediante la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden o unidades especializadas. Sin embargo, cuando se presenten hechos violentos o exista una imposibilidad técnica debidamente justificada, los comandos operativos podrán omitir las tres primeras etapas.
Para eso, deberán dejar constancia y fundamentación obligatoria en las actas del Puesto de Mando Unificado .cuando las movilizaciones ocasionen bloqueos al paso de vehículos de emergencia, desabastecimiento de insumos básicos o médicos, o interrupciones de servicios hospitalarios. Aun así, el borrador aclara que esta circunstancia no autorizaría un uso indiscriminado de la fuerza. Las labores de mediación podrían retomarse una vez se terminen los hechos violentos o las alteraciones del orden público.
La propuesta mantiene, además, varios principios relacionados con la protección de la protesta social, entre ellos la presunción del carácter pacífico de las reuniones públicas, la no exigencia de aviso previo como condición para ejercer el derecho a manifestarse y la prohibición del uso de armas de fuego por parte del personal policial encargado del control de aglomeraciones. La iniciativa ya genera reacciones en el Congreso.
El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, señaló ante los medios que la protesta tiene una protección constitucional que, según indicó, debe mantenerse, pero consideró necesario contar con herramientas más ágiles frente a bloqueos y alteraciones del orden.
“Nosotros seguramente haremos un control aquí en el Congreso de la República de esos instrumentos, pero compartimos la filosofía de darle mayores herramientas a la Fuerza Pública en Colombia”, afirmó. La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada celebró la medida que trabaja el Gobierno, y desde su cuenta en X expresó que “la intervención de las protestas violentas por parte de la Fuerza Pública no podía estar condicionada a eternos diálogos mientras destruyen las ciudades.
También era urgente proteger a las personas externas a la manifestación que siempre terminaban pagando los platos rotos”. Desde la oposición, diferentes medios consultaron a la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández, que calificó la propuesta como “completamente arbitraria” y cuestionó que el Gobierno pretenda modificar mediante decreto aspectos relacionados con el ejercicio de la protesta social.
"la medida desconocería avances alcanzados durante el gobierno de Gustavo Petro en materia de diálogo y garantías para las movilizaciones".buscaría “acabar con la protección de la protesta” y advirtió que el decreto podría abrir la puerta a la criminalización de quienes participan en manifestaciones. Por otro lado, la defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que la entidad revisará detalladamente el contenido cuando el Gobierno presente oficialmente sus observaciones.
La funcionaria reiteró que la Defensoría protege la protesta social como derecho fundamental, al tiempo que distingue su ejercicio legítimo de los hechos de violencia.
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