La noticia más fresca que el país tiene sobre el proceso de elección del sucesor de Carlos Hernán Rodríguez, en la Contraloría General, es que ya hay una preselección de 20 candidatos que obtuvieron los más altos puntajes por hoja de vida y prueba de conocimiento.
La noticia más fresca que el país tiene sobre el proceso de elección del sucesor de Carlos Hernán Rodríguez, en la Contralor ía General, es que ya hay una pres elección de 20 candidatos que obtuvieron los más altos puntajes por hoja de vida y prueba de conocimiento.
Nombres como el de Luis Enrique Abadía, contralor delegado para la Gestión Pública; Andrés Castro, personero de Bogotá; Ana Elena Monsalvo, contralora delegada para Economía y Finanzas Públicas, y Carlos Mario Zuluaga, exvicecontralor, aparecen en ese listado que será reducido a 10 por una comisión accidental que creará el actual Congreso el 11 de mayo. Y si todo sigue como está previsto, 6 días después se conocerá la lista de finalistas.
Y en las primeras sesiones plenarias de la nueva legislatura, los congresistas recién electos escogerán Contralor por mayoría absoluta y por un periodo de 4 años. Sin embargo, EL TIEMPO estableció que hay un grupo de cerca de 35 personas que ya presentaron las primeras reclamaciones ante la Universidad de Cartagena, la elegida por el Congreso para adelantar las pruebas.
Además, que tienen contempladas desde acciones de nulidad y restablecimiento del derecho hasta tutelas, para frenar la elección, bajo argumentos que van desde supuestas respuestas erradas hasta violación al debido proceso. La primera observación de fondo que se está haciendo es el del trámite exprés para elegir a la Universidad de Cartagena, que ya viene participando en convocatorias para elegir contralores territoriales.
El 30 de enero pasado, el Congreso profirió la resolución 004 señalando, entre otros puntos, que había elegido a la Universidad de Cartagena para adelantar la convocatoria, tras revisar 3 propuestas más, incluida la de la Universidad de Antioquia, y encontrar mejores condiciones. Lo que llama la atención es que ese mismo día, la directora del Senado, Astrid Salamanca, le envió una comunicación a la mesa directiva del Congreso en la que advertía que no se había obtenido respuesta frente a la validación documental por parte de la Universidad de Cartagena.
Esto, “pese a los intentos de comunicación realizados entre las 14:00 y las 14:30 horas, concomitante a la solicitud de documentos remitida desde correo electrónico y reiterada a las 19:00, 21:00 y 22:00 horas del mismo día”. De hecho, Salamanca dejó claro que no se contaban con soportes documentales, jurídicos y presupuestales necesarios para la fase pre-contractual para estructurar los estudios y documentos previos y dar inicio en debida forma al proceso de contratación del asunto.
Para algunos participantes en la convocatoria, esa improvisación -que incluía hasta la carencia de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -, se reflejó en la modificación del cronograma y en lo que califican como fallas de fondo en las pruebas. En la lista de reclamantes están, entre otros, Roque Conrado, exviceministro de justicia; Hélmer Fernando Cabrera, director de estudios sectoriales de la Contraloría General; Rodolfo Zea, excontralor delegado y exministro, así como Carlos Abel Saavedra Zafra, funcionario de carrera de la Contraloría.
Algunos coinciden en sus reclamaciones en que hay vacíos sustanciales en la metodología de diseño, validación y estructuración de la prueba, impactando la transparencia y objetividad. El abogado Carlos Mario Isaza, otro de los reclamantes, le señaló a EL TIEMPO que una de las inconformidades es que el proceso de evaluación estaba diseñado para favorecer a perfiles específicos.
Y el exviceministro Conrado agregó que de los 4 ejes temáticos, que por una resolución del Congreso deberían haber estado presentes en la prueba de conocimiento, solo había preguntas de uno: “El cargo de Contralor es interdisciplinario y muchas de las preguntas estaban diseñadas para que solo los abogados pudiesen responderlas”. De hecho, varios coinciden en que se está vulnerando el debido proceso, al no garantizar a los participantes el derecho a la defensa.
Y explican que los obligaron a resolver las preguntas con lápiz borrable, sin que puedan probar que algunas respuestas no corresponden a las que realmente seleccionaron: “Se les impide a los aspirantes conservar copia o registro de las respuestas. Estas fueron retenidas por la entidad sin que se conozca cadena de custodia y controles”. Por eso, desde ya varios pedirán la nulidad parcial o total del proceso y el restablecimiento de derechos.
Y como se trata de un trámite de largo aliento, evalúan una acción de tutela. En un primer reclamo, Lalia Blanquicett, coordinadora del contrato con la Universidad de Cartagena, les notificó que “después de una revisión detallada no es procedente la reclamación”.
Este diario se comunicó con esa alma mater y allí informaron que Blanquicett es la única autorizada para hablar del tema, pero se encuentra de permiso. EL TIEMPO también le consultó el caso a Lidio García, presidente del Senado, pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta. UNIDAD INVESTIGATIVA u.investigativa@eltiempo.com @UinvestigativaET Síganos ahora en Facebook
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