Los nativos consideran que no se hizo de manera integral una consulta a todas las comunidades que se afectan con la construcción de una cárcel.
Cuando se suscribió el contrato para la construcción de la obra con elpero un par de años atrás ese hacinamiento fue cercano alLa cárcel sigue sin un pabellón para mujer y se le viola a las internas el derecho a permanecer lo más cercano posible a sus núcleos familiares para facilitar las visitas de los suyos.
. la obra, que quizás sea la de mayor importancia social de La Guajira en los últimos tiempos, tiene un costocuyo plazo de ejecución es de 16 meses, es decir que contando desde la adjudicación del contrato, la obra debería ser entregada por los constructores en marzo del entrante 2023, pero al llegar al sitio de la obra, el retraso es evidente y hace suponer que esa fecha necesariamente deberá ser postergada.
Hace un mes se levantó un bloqueo en la entrada de la obra que la mantuvo paralizada por buen tiempo y hace unos 15 días, las autoridades locales, el personero Defensoría del Pueblo y otras instancias se reunieron y lograron sortear con éxito una nueva amenazada de paro con bloqueo del área de los nativos, pero quedó programado el cumplimiento de los acuerdos que se suscribieron desde 2020.
Ahora se produce un nuevo hecho que debe ser tenido en cuenta por el contratante y todos los involucrados en la obra y es que el procurador Delegado para Asuntos Étnicos,dijo que las violaciones a los derechos de los nativos vecinos a la obra son evidentes y el impacto igual no tiene dudas de que existe.
“Vamos a actuar de manera inmediata y para esto ya hemos solicitado al ministerio del interior una reunión, conpara analizar la situación y solicitaremos que sea la Procuraduría y la Defensoría los únicos accionantes.
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