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El Instituto Anticorrupción de Colombia solicita a la administración de Trump que evalúe la inclusión del contratista Euclides Torres en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, basándose en la Ley Global Magnitsky y en sospechas de financiamiento político y vinculación con el exministro del Interior Armando Benedetti. El documento detalla la posible corrupción, la relación con la campaña de Petro y los riesgos de sanción sobre Brasil.
En la semana pasada se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de dos colombianos, entre ellos el destacado contratista Euclides Torres y la exsenadora Martha Peralta.
Solicitud al gobierno de Trump
Ante este hecho, el Instituto Anticorrupción de Colombia ha solicitado a la administración de Donald Trump que evalúe la inclusión del mencionado contratista en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac). El pedido, formulado por el director del Instituto, el abogado Camilo Enciso, se sustenta sobre la Ley Global Magnitsky, que permite imponer sanciones a individuos vinculados con graves violaciones de derechos humanos o con corrupción a gran escala.
En la carta se plantean diversos temas para que las autoridades estadounidenses analicen: la relación financiera y política que Euclides Torres supuestamente mantuvo con el exministro del Interior Armando Benedetti, los recursos que se le imputan en actividades relacionadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, y una posible participación en la financiación de campañas parlamentarias. El nombre de Euclides Torres ha sido recurrente en los últimos años tanto en la política como en la contratación estatal.
Se le atribuye la financiación de parte de la campaña presidencial de Petro en 2022, incluyendo la famosa "P" gigante en Barranquilla, según lo afirmado por el hijo del expresidente, Nicolás Petro. En respuesta, Euclides Torres ha declarado que no aportó fondos, sino que solo brindó apoyo logístico.
Contratos millonarios y campañas electorales
Además, se ha destacado su habilidad para acceder a contratos públicos millonarios; entre ellos, una vez unas empresas vinculadas a él y a su familia obtuvieron un contrato de $95 000 millones con Fenoge (Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía) para la instalación de paneles solares, a pesar de no contar con experiencia previa en el sector. Ese contrato fue suspendido.
Otro punto que el Instituto pone de relieve es la frecuente presencia de Torres en la Casa de Nariño. Se sabe que el contratista realizó varias visitas al palacio presidencial y sostuvo reuniones con personas vinculadas a la administración de Petro. Su influencia no se limita a los negocios, ya que la familia tiene un fuerte lazo político en Puerto Colombia, Atlántico.
Allí se consolidó el llamado "clan Torres", organización que ha demostrado contar con la capacidad de movilizar votos en distintas elecciones. Por ejemplo, el sobrino de Euclides, Camilo Torres Villalba, fue entre los senadores más votados del Partido Liberal durante las elecciones del 8 de marzo para el Congreso. Camilo es hijo del exalcalde de Puerto Colombia Camilo Torres y su madre, Martha Villalba, llegó a la Cámara de Representantes como fórmula junto al entonces senador Armando Benedetti.
Nexo político con Armando Benedetti
La relación con Benedetti es uno de los elementos que el Instituto quiere que las autoridades estadounidenses examinen más a fondo. Benedetti ha ocupado el Ministerio del Interior durante el gobierno de Petro y, según las informaciones, estaría incluido en la lista de la Ofac desde octubre de 2025, junto con el entonces presidente Petro, la expresidenta Verónica Alcocer y Nicolás Petro. La Ofac administra diversos programas de sanciones estadounidenses, incluido el conocido Lista SDN (Specially Designated Nationals).
La inclusión de una persona en esta lista puede bloquear sus bienes y activos en Estados Unidos y prohíbir a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar determinadas transacciones con el beneficiario de la sanción. El efecto no se limita al territorio estadounidense, puesto que muchas entidades financieras internacionales suelen aplicar controles propios para evitar el riesgo de sanciones, lo que puede llevar a un aislamiento financiero global.
El Instituto Anticorrupción sostiene que la corrupción puede ser una base para este tipo de sanciones, incluso sin una condena penal. El criterio de inclusión se decide según los estándares de cada programa de sanciones y requiere demostrar los nexos o afectaciones relevantes para los intereses de Estados Unidos. Enciso explicó en una entrevista con Caracol Radio que la solicitud "tiene que ver con la necesidad de profundizar la cooperación internacional en materia de lucha contra la corrupción". La decisión final recae exclusivamente en las autoridades estadounidenses.
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