Las interceptaciones son una herramienta poderosa, sí, pero no son un cheque en blanco. Regular su uso es urgente, no solo para proteger a los acusados, sino también para evitar que los abogados queden a merced de un sistema que no respeta su rol como defensores. Porque cualquier conversación puede ser usada en su contra.
Esta semana, el caso del expresidente Álvaro Uribe nos da la excusa perfecta para hablar de un tema del que los penalistas nos hemos quejado más de una vez: las interceptaciones telefónicas. Hemos hablado mucho de ellas porque tocan temas delicados de derechos fundamentales, pero en la práctica, pasan nuestras observaciones pasan desapercibidas y con ellas, el derecho a la defensa.
En cualquier caso, cuando un investigador de la Fiscalía escucha algo que entra en la categoría de secreto profesional, lo correcto sería descartar esa parte de inmediato. ¿Por qué? Porque la Constitución protege estas comunicaciones precisamente para garantizar un proceso justo. Si no respetamos esas reglas mínimas, entonces no podemos hablar de un verdadero Estado social de derecho.
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