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La Jurisdicción Especial para la Paz ha dictado las pruebas que se presentarán contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, incluido el testimonio de ex miembros de las FARC y se debatirá su supuesto rol en una conspiración contra el 'turbayismo' en Caquetá, marcando el primer proceso adversarial vinculado a la 'Farcpolítica'.
En el marco del proceso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se ha anunciado la especificación de las pruebas que se contarán durante el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas.
Pruebas contra Almario en la JEP
Almario figura como acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por su posible participación en una supuesta trama de persecución contra el llamado 'turbayismo' en el departamento de Caquetá, una campaña que habría involucrado a sectores disidenciales de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La UIA ha solicitado la inclusión de los testimonios de diecisiete personas, entre las que se encuentran figuras destacadas del movimiento guerrillero como Rodrigo Londoño, apodado 'Timochenko', y otros ex miembros de las FARC, tales como Milton de Jesús Toncel Redondo y Fabián Ramírez Cabrera.
Estos testimonios forma parte del procedimiento que ha avanzado la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, marcando el primer caso de esta jurisdicción que se vincula con la denominada 'Farcpolítica'. A su vez, la defensa de Almario podrá aportar veintiuna declaraciones, incluido el propio testimonio del excongresista.
El cuerpo de acusación que presenta la UIA abarca 30 hechos de relevancia jurídica que se desarrollaron entre 1994 y 2007, entre los cuales se encuentran casos de homicidios, desplazamientos forzados y privaciones de libertad. Entre estos hechos destaca el asesinato del entonces gobernador de Caquetá, Jesús Ángel González Arias, ocurrido el 20 de junio de 1996, así como la masacre de la familia Turbay Cote en diciembre de 2000.
Desarrollo del proceso adversarial
La hipótesis que impulsa la acusación sostiene que Almario tendría un rol determinante en la concepción, coordinación y ejecución de una estrategia destinada a atacar al 'turbayismo' en la región. Este modelo será puesto a prueba y contestado durante el proceso, en el que ambas partes presentarán y refutarán las pruebas decretadas.
Almario inició su proceso con la JEP en 2020, tras una decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, la cual la situó en la jurisdicción para la resolución de casos de gran magnitud y de carácter político. Relacionados con hechos como homicidios de integrantes de la familia Turbay Cote, la JEP identificó el caso como su primer proceso adversarial y la acusación de la UIA como la primera presentada por esta unidad de investigación en el ámbito de la jurisdicción.
El excongresista mantiene, de manera firme, su postura de no reconocer responsabilidad por las imputaciones que se le atribuyen, razón por la cual el procedimiento avanzó al marco adversarial, donde las partes presentan y desacreditan las pruebas. La JEP ya había establecido el proceso ante la Sección correspondiente como el primer caso en su futuro de adversarial y la acusación de la UIA representó el primer caso para la unidad en el área de la jurisdicción.
Testimonios y posibles sanciones
La Fiscalía de la JEP lo acusó formalmente por el delito de persecución, considerado un infracción de lesa humanidad. Con la determinación de las pruebas, el juicio seguirá adelante con la coleta de los testimonios requeridos tanto por la acusación como por la defensa. Los ex miembros de las FARC que darán su testimonio constituyen un factor crucial. El tribunal análisis estos testimonios antes de determinar la responsabilidad o la inocencia del excongresista.
En caso que se estime responsable a Almario, y dada su negativa a admitir los hechos, las sanciones previstas pueden incluir una privación efectiva de la libertad de quince a veinte años ante infracciones graves o violaciones graves del orden público. Este litigio desempeña un papel practico en la contabilidad de la Ley y en la preservación de la justicia propiciando la reconciliación en el contexto colombiano.
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