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El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advierte que los recortes presupuestales y las reformas en el Congreso ponen en riesgo los derechos de las víctimas y el funcionamiento de la jurisdicción.
La Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP) atraviesa uno de sus momentos más difíciles debido a recortes presupuestales, reformas legislativas y una relación inexistente con el Gobierno. Su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, en entrevista con El Espectador, explicó que la situación pone en riesgo los derechos de las víctimas y el funcionamiento de la jurisdicción.
Recortes presupuestales y reformas en el Congreso
En el Congreso se radicaron tres proyectos que afectan a la JEP: uno para reducir de manera exponencial su presupuesto, otro para que la Justicia Penal Militar pueda revisar condenas de la JEP y un tercero para que la jurisdicción solo tenga dos años más de vida. Ramelli señala que es una estrategia combinada que afecta los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y pone en grave peligro los derechos fundamentales al debido proceso de los comparecientes, tanto de los firmantes del acuerdo de paz como de los más de 7.000 integrantes de la fuerza pública sometidos a la jurisdicción.
El magistrado advierte que lo que está en juego es el acceso a la administración de justicia, la impunidad en crímenes internacionales y la memoria de la sociedad colombiana. No son temas menores ni de solo cifras de presupuestos o de reformas a la Constitución, enfatiza.
Impacto de la reducción presupuestal
La JEP solicitó para 2027 un presupuesto de COP 947.643 millones. Según el proyecto de ley radicado en agosto por el actual Gobierno, el monto previsto fue de COP 821.803 millones, lo que ya representaba una reducción de COP 125.840 millones. Ahora, la ponencia aprobada en primer debate en comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara implica otra reducción adicional de COP 170.000 millones frente al monto radicado.
Ello quiere decir que hay una disminución total de COP 295.840 millones respecto del monto necesario para operar. El Congreso debe decidir en las próximas semanas si aprueba la propuesta del Gobierno. La JEP pide que se mantenga, por lo menos, el monto de COP 821.803 millones previsto en la propuesta original, que ya cuenta con el aval del Ministerio de Hacienda.
Medidas de austeridad y líneas rojas
Ramelli reconoce la crisis fiscal que atraviesa el Estado y que afecta a muchas entidades que trabajan por la paz, así como a la Rama Judicial. Por ello, la JEP ha tomado medidas de austeridad como el cambio de operador logístico, la modificación en el trámite de comisiones, el desarrollo de diligencias de manera virtual y la reducción de los equipos que acompañan las diligencias en el territorio.
El magistrado asegura que mantendrán e incrementarán las medidas para controlar el gasto y analizarán la posibilidad de reducir los costos de operación, pero trazará una línea roja respecto de las garantías básicas de participación y debido proceso, lo que incluye las medidas de protección. No podemos reducir el acompañamiento psicosocial, la mediación restaurativa, la garantía de representación judicial ni los esquemas de protección de víctimas y comparecientes, afirma.
Riesgos para la protección de víctimas y comparecientes
Si el presupuesto queda aprobado con los recortes, lo primero que tendría que suspender o reducir la JEP serían las medidas de protección a víctimas, comparecientes y operadores judiciales. Ramelli califica esto como gravísimo, pues muchos comparecientes han sido amenazados por las verdades que están develando, y las víctimas y testigos vienen siendo amedrentadas para que dejen de exigir verdad y justicia.
Acabar con las medidas de protección que les amparan significaría frenar su participación y someterlas al desamparo, exponiendo su vida e integridad. El presidente de la JEP hace un llamado urgente al Congreso para que reconsidere los recortes y garantice los recursos necesarios para cumplir con su mandato de justicia transicional.
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