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The Special Jurisdiction for Peace is facing questions about the time taken to complete investigations, the use of resources and the concentration of rulings on members of the security forces. The jurisdiction argues that the magnitude of the cases, the number of victims and the need to guarantee due rights explain much of the delay. Political leaders and the JEP leadership defended the institution, while opponents proposed greater scrutiny and automatic review of sentences involving military and police personnel.
De la JEP se viene hablando hace rato y el tema tiene una pita de hilo larga, casi como los 50 años de conflicto de los que finalmente surgió.
Así como el proceso de paz con las Farc, tan complejo, aplaudido y criticado, la JEP terminó siendo el tribunal donde fueron a parar los crímenes cometidos por los guerrilleros, pero también los casos de soldados y otros miembros de la Fuerza Pública señalados de matar, secuestrar o cometer otros delitos durante esas cinco décadas de guerra. Le puede interesar: Santos dice que críticas a la JEP “tienen bastante razón” y que no hay que prorrogar sus límites Y ahí está justamente el meollo de la discusión.
Sus resultados, el tiempo que le ha tomado sacar adelante los procesos y los recursos que necesita para seguir funcionando se han convertido en el pulso. Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la demora de los procesos y con la estructura interna de la jurisdicción, que obliga a que varias decisiones pasen por distintas instancias antes de quedar en firme. Sus críticos sostienen que este trámite ha terminado alargando investigaciones que ya llevan varios años.
A esto se suma que una parte importante de las decisiones solo involucra a integrantes de la Fuerza Pública, mientras se toca poco a los antiguos miembros de las Farc y otros responsables del conflicto. La propia JEP defiende que la dimensión de los casos explica buena parte de los tiempos. Se trata de investigaciones que reúnen miles de víctimas, testimonios y hechos ocurridos durante décadas, además de procesos en los que deben garantizarse los derechos de quienes participan.
Pero las críticas no significan que exista una sola lectura sobre el trabajo de la jurisdicción. El expresidente Juan Manuel Santos, en cuyo Gobierno se creó la JEP como parte del Acuerdo de Paz, ha defendido su continuidad -aunque habló de no prorrogarla- y ha pedido garantizar los recursos necesarios para que pueda terminar su tarea. El tema es complejo y no tiene una única conclusión.
María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, ha liderado los cuestionamientos a la JEP por sus resultados, el manejo de sus recursos y los gastos de la jurisdicción.
“La JEP nos ha costado a todos $3,8 billones, que se han materializado en 21 sentencias de 8 macrocasos, pero solo 4 están en firme, es decir, son condenas. De esas, 3 son contra miembros de la Fuerza Pública y 1 contra integrantes del secretariado de las Farc, lo que una vez más deja sentir ese tufillo de activismo de izquierda que subyace al tribunal.
Y están los $56.000 millones gastados en viajes a ciudades como Miami, Madrid, Barcelona, Denver y Sevilla, que poco o nada tienen que ver con estos círculos de poder desde donde se discuten los derechos humanos. Faltan a la verdad. La ley estatutaria dispone que la defensa de los comparecientes sea asumida por la JEP solo si no tienen recursos para pagarla.
Es absurdo pensar que las Farc no tienen recursos para asumir su defensa cuando, según Forbes, su patrimonio en 2014 ascendía a US$600 millones”.
“Para tener un tribunal que sí administre justicia, tenemos que poner en el centro a la Fuerza Pública y a las víctimas. Por eso, desde el Centro Democrático presentamos un proyecto de acto legislativo para que cualquier sentencia contra miembros de la Fuerza Pública tenga revisión automática por el Tribunal Superior Militar y Policial”. Harvy Suárez, secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, defiende la gestión de la entidad y sus resultados.
“Categóricamente diríamos que no. No hay una noción de despilfarro y mucho menos de pérdida de recursos o, aún menos, de corrupción. La jurisdicción ha sido sometida a un proceso sistemático de rendición de cuentas y auditorías, y hasta ahora no se ha encontrado ningún hallazgo relacionado con cuestionamientos que hoy están sobre la mesa”.
“No les llamemos viajes, son comisiones oficiales de viaje. Algunas, en relación con el trabajo directo con la Cancillería, tienen que ver con representación institucional, espacios de diálogo para obtener recursos, intercambios de saberes y relacionamiento”.
“Ha habido desinformación. La jurisdicción está cumpliendo una obligación legal y tiene a cargo un sistema autónomo de asesoría y defensa, similar a una defensa pública. Estas garantías deben darse tanto a los comparecientes de las antiguas Farc como a los miembros de la Fuerza Pública. Se ha tergiversado, además, la cifra de los pagos.
Nada tiene que ver con esas cifras astronómicas que se han mencionado”. Lea también: Así empiezan a cumplir sanción de la JEP exjefes de las Farc: buscan cuerpos de desaparecidos en Pitalito
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