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El expresidente Juan Manuel Santos rechazado la ampliación del plazo de la Jurisdicción Especial para la Paz, prevista hasta 2028, y Tienen que garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz. También intoleró el ritmo lento de los procesos y/requestó acelerar su implementación ante los recortes presupuestales aprobados en el Congreso. El gobiernoussenuntiat单位和机构 pidió asegurar los recursos de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, mientras sectores políticos cuestionan sus gastos y los convenios con el PNUD.
Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se aprobó la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz , a raíz del Acuerdo de Paz con las Farc.
Hoy, el expresidente se mostró en contra de prorrogarla.
“La JEP tiene sus límites legales. No estoy de acuerdo con prorrogar esos límites, pero sí cumplir con lo pactado tiene que cumplir su cometido en 2028, ojalá antes”, aseguró el exmandatario. Se refiere, en concreto, al plazo para que la Sala de Reconocimiento presente la Resolución de Conclusiones ante el Tribunal para la Paz.
Luego, Santos habló de las críticas que viene recibiendo el tribunal transicional, las cuales han aumentado desde la posesión del presidente Abelardo de la Espriella.
“Quienes critican a la JEP por su lentitud, tienen bastante razón; por eso hay que pedirle a la JEP que meta el acelerador”, agregó. El exmandatario también hizo referencia al recorte de presupuesto que se aprobó para la JEP en el Congreso la semana pasada. El tribunal tendría un recorte de $170.000 millones para el 2027 si este se mantiene en plenaria, dado que ya fue aprobado en las comisiones económicas del Congreso.
“Si se le recorta el presupuesto o si se deja, como dice el presidente de la JEP, sin recursos para operar, ahí los que sufren son las víctimas, los que sufren son los comparecientes, los que sufren son todos los ciudadanos que creyeron en el proceso y que después ven que el Estado no cumple. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo, así sea temporal, para que esa implementación se pueda acelerar”, dijo Santos a los medios de comunicación.
Tras esa decisión, en caso de mantenerse así hasta superar las plenarias, la JEP partirá el año próximo con unos recursos de $721.803 millones. Con respecto a los fondos que se le recortaron, $100.000 millones serán reasignados a la justicia ordinaria a través del Consejo Superior de la Judicatura.
Esto fue celebrado por senadores de la bancada del gobierno como Carlos Meisel y Enrique Gómez, quienes manifestaron que el recorte obedece a un ejercicio de racionalización del gasto público, al cual la JEP debe aportar su cuota de sacrificio ante la coyuntura fiscal del país. De igual manera, varios congresistas ya habían señalado desde tiempo atrás al tribunal de ser un “fortín burocrático” y habían hecho cuestionamientos sobre sus gastos.
Una de ellas fue la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, que acusó a la JEP de sumar $209.904 millones en supuestos gastos excesivos repartidos en ítems como la defensa jurídica para excombatientes de las Farc, el contrato de arrendamiento de su sede principal y operadores logísticos para la realización de eventos. Pero el principal vocero de la idea de un recorte al tribunal ha sido el presidente De la Espriella, quien públicamente ha celebrado las proposiciones para reducir el presupuesto del tribunal, justificando que es “responsabilidad fiscal”.
Entérese: Así empiezan a cumplir sanción de la JEP exjefes de las Farc: buscan cuerpos de desaparecidos en Pitalito Santos no es la única figura clave que ha opinado sobre el presupuesto de la JEP recientemente. Esta semana, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió garantizar los recursos de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para que “puedan continuar con sus funciones”.
Pero el llamado de Naciones Unidas abrió, a su vez, otro frente de discusión en el Congreso. La senadora Posada cuestionó el pronunciamiento y planteó que la ONU debió informar sobre la relación contractual que existe entre la JEP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo . Posada aseguró que entre 2018 y 2026 la JEP suscribió 22 convenios de cooperación internacional con el PNUD por $182.120 millones.
La cifra y el señalamiento fueron divulgados por la congresista a través de sus redes sociales. Lea más: La JEP, en medio del fuego cruzado por sus gastos y el impacto del recorte sobre las víctimas A partir de ese vínculo económico, Posada afirmó que Naciones Unidas debió advertir públicamente sobre lo que considera un “evidente conflicto de intereses” antes de solicitar que no se redujera el presupuesto de la JEP: “¿Se acuerdan que hace dos días la ONU pidió que no se recortara el presupuesto de la JEP para 2027?
Pues bien, no hay almuerzo gratis”, escribió la congresista en X al presentar su cuestionamiento. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas frecuentes
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