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Un juez de Medellín avaló prisión domiciliaria para Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, imputado por corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Un juez de garantías de Medellín avaló la medida de prisión domiciliaria para Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, quien fue imputado por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La decisión se tomó en el marco de la tercera fase de un proceso que investiga un presunto detrimento de 2.481 millones de pesos en contratación entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. En contraste, el juez no avaló la misma petición para Sebastián Ortega, quien podrá continuar atendiendo el proceso penal en libertad.
Detalles de la imputación y los implicados
El juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías concluyó que existe inferencia razonable de la autoría de los delitos imputados, pero no encontró elementos para asegurar que los implicados hayan participado en argucias para torcer el proceso ni para inferir que no se presentarán a las diligencias. No obstante, señaló que la sociedad requiere protección frente a la magnitud del daño presuntamente ocasionado.
Quintero y Ortega fueron imputados el pasado 15 de septiembre por la fiscal 40 de Delitos contra la Administración Pública. El primero por supuesto interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, y el segundo por este último cargo. Los hechos se relacionan con una contratación que habría sido espuria entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un valor total de 17.656 millones de pesos entre 2021 y 2022, en seis contratos.
Según la Fiscalía, de ese monto se habrían esquilmado 2.481 millones de pesos. A Miguel Quintero Calle le habrían correspondido 1.653,3 millones; a Ortega, 133 millones; y al entonces subdirector administrativo y financiero del AMVA, Álvaro Villada, 693,7 millones. Habrían sido coadyuvados por la exasesora jurídica de la misma entidad, imputada por interés indebido. La participación de Quintero habría sido continua, mientras que la de Ortega se limitó a un contrato.
Tercera fase de un proceso con múltiples imputados
Se trata de la tercera fase de un proceso que ya tenía siete imputados, entre ellos el director del AMVA para el periodo 2020-2023, Juan David Palacio; el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid; y la exfuncionaria del AMVA, María Janeth Rúa. Este es el caso de presunta corrupción relacionado con la anterior alcaldía que más se ha movido en el último tiempo, en buena medida por la cantidad de personas que han decidido colaborar con la justicia.
Entre los colaboradores están Cadavid y otra presunta implicada en un caso similar del AMVA. Ambos han aportado un gran acervo a partir del cual la Fiscalía vinculó a Miguel Quintero y a la cúpula mayor de lo que sería el tinglado para esquilmar el erario, que habría operado durante la administración de Daniel Quintero en Medellín. También han mencionado que el exalcalde Quintero habría conocido de todo lo que ocurría y hasta habría sido quien repartió distintas dependencias en especies de franquicias para que terceros controlaran la contratación y cobraran coimas.
Rúa y el excontador de los bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona Henao, también han dado información valiosa. Otra arista que ha retroalimentado el caso de bomberos es la investigación que lleva la Fiscalía por contratos realizados durante el mismo periodo por un monto cercano a 18.000 millones de pesos, para el mantenimiento y algunas obras en el Parque de las Aguas, con dineros aportados igualmente por el Área. Una de las presuntas implicadas allí es quien ha aportado los chats, fotos y otros documentos en los que se vería la articulación de Miguel Quintero con Ortega y Villada, así como con el exgerente de Metroparques Jorge Enrique Liévano y otros exfuncionarios para controlar la contratación.
Colaboraciones y medidas de aseguramiento
Una de las contratistas del Parque de las Aguas que fue imputada está buscando que le acepten un principio de oportunidad, lo que significa beneficios a cambio de dar información. Además, el excontador de los Bomberos, Cardona Henao, confesó el delito de presunta falsedad en documentos y se sometió a sentencia anticipada, pero igualmente ha aportado datos a la investigación.
Hasta ahora, las únicas personas entre los once imputados con medida de aseguramiento habían sido Cadavid y Rúa, a partir de noviembre de 2025. No obstante, el primero recobró la libertad en marzo pasado cuando un juez le avaló la matriz de colaboración con la justicia. El abogado del Área Metropolitana ha denunciado una campaña de amedrentamiento contra los testigos, lo que añade tensión al desarrollo del proceso.
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