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Un juez de Medellín avaló la medida de aseguramiento domiciliaria contra Miguel Quintero Calle y Sebastián Ortega por presunto peculado e interés indebido en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Un juez de Medellín avaló la solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento preventiva domiciliaria a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, y a Sebastián Ortega, en el marco de una investigación por presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. La decisión fue tomada este 2 de octubre por el juez 27 de control de garantías de la capital antioqueña, tras varias semanas de audiencias preliminares. El caso está relacionado con el presunto desvío de más de COP 2.400 millones de tres contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).
Medida de aseguramiento domiciliaria
La medida de aseguramiento también cobija a Sebastián Ortega, hijo del excongresista William de Jesús Ortega, y fue solicitada no solo por la Fiscalía, sino también por la representación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y por la Procuraduría. Las autoridades coincidieron en que existe riesgo de que Miguel Quintero intente obstruir el proceso o no comparezca ante la justicia.
Miguel Andrés Quintero Calle es exconcejal de Medellín y hermano del exalcalde Daniel Quintero. Enfrentará la investigación en prisión domiciliaria, según determinó el juez 27 de control de garantías en medio de las audiencias preliminares que se han prolongado durante varias semanas.
Presunto direccionamiento de contratos del AMVA
El caso en contra de Miguel Quintero Calle está relacionado con el presunto direccionamiento irregular de tres contratos del AMVA hacia el Cuerpo de Bomberos de Itagüí para la entrega de elementos de protección durante la pandemia por covid-19. Según el ente investigador, de esos contratos se habrían desviado más de COP 2.400 millones hacia los bolsillos de terceros, mediante coimas que eran, en principio, del 20 % y luego del 15 % de los contratos.
Por estos hechos también fueron imputadas el pasado 15 de septiembre tres personas más: Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector administrativo y financiero del AMVA; Vanessa Álvarez Restrepo, contratista de la Subdirección Ambiental de la entidad; y Sebastián Ortega, hijo del excongresista William Ortega. En el expediente figura además Misael Alberto Cadavid, exjefe del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, imputado en octubre de 2025. La investigación es liderada por la fiscal Magda Sofía Ramírez.
Según el ente investigador, Miguel Quintero habría liderado durante la alcaldía de su hermano un entramado de corrupción presuntamente dirigido a usar la estructura administrativa del AMVA en favor del Cuerpo de Bomberos de Itagüí. El objetivo habría sido adjudicarle de forma directa tres proyectos para entregar kits de bioseguridad durante la emergencia sanitaria, por 17.656 millones de pesos, divididos en tres contratos entre 2020 y 2023.
La Fiscalía dice que Miguel Quintero no firmó ni aprobó ningún contrato, pero afirma que habría dado la orden para que los funcionarios imputados lo hicieran. Detrás del direccionamiento, dice, habría un acuerdo de favorecimiento pactado por él.
Mecanismo de desvío y pruebas
El mecanismo, según el ente investigador, era el siguiente: el AMVA giraba los recursos al Cuerpo de Bomberos de Itagüí; luego, la unidad que dirigía Cadavid emitía cheques de COP 50 millones a nombre de personas de confianza, entre ellas Germán Osorio, conductor de la institución. La comisión pactada inicialmente era del 20 %.
En junio de 2020, según la Fiscalía, Quintero se reunió con Cadavid y Villada para renegociar el acuerdo y reducir la comisión al 15 %, porque el porcentaje inicial resultaba excesivamente gravoso para el contratista. La imputación sostiene que fue en ese momento cuando, al parecer, se llegó a un nuevo acuerdo de bajar la coima al 15 % del valor de los contratos, cuyo monto total era de COP 17.656 millones.
La Fiscalía le atribuye a Vanessa Álvarez la elaboración de los estudios previos de las licitaciones, pese a que no era parte de sus funciones. Esos documentos habrían sido claves para el direccionamiento. Sebastián Ortega, por su parte, habría entrado al esquema en septiembre de 2022, después de que Álvaro Alonso Villada renunciara tras denuncias de medios locales sobre posibles irregularidades en el AMVA.
Según la tesis de la Fiscalía, Sebastián Ortega se convirtió en el enlace entre el Cuerpo de Bomberos, los exfuncionarios de AMVA y Miguel Quintero, quien en un grupo de WhatsApp se habría identificado como Mr. M o nuestro jefe. Ese chat, creado en 2020 con el nombre de Alternativos y renombrado luego como Amigos, es una de las pruebas en poder de la Fiscalía sobre el funcionamiento del presunto entramado de corrupción.
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