La Corte Suprema de Justicia de Argentina dejó sin efecto un fallo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras Rurales. El tribunal consideró que el CECIM no tenía legitimidad parażyьkwargs iniciar el reclamo y que no existía un caso concreto que permitiera evaluar la constitucionalidad de la medida. Con esa decisión, volvieron a quedar sin aplicación las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros.
La compra de tierras rurales por parte de extranjeros vuelve a quedar sin los límites que establecía una ley argentina de 2011, luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara este martes una decisión que había frenado la derogación de esa norma.
El máximo tribunal no declaró constitucional la medida impulsada por el presidente Javier Milei. Su decisión se concentró en otro punto: consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata no tenía legitimidad suficiente para llevar ese reclamo ante la Justicia y que no existía un caso concreto que permitiera a los jueces pronunciarse sobre la validez de la norma. ¿Qué cambió con la decisión de la Corte?
El origen de la controversia está en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 de 2023, firmado durante los primeros meses del Gobierno de Milei. Uno de sus artículos, el 154, derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. Lea: Argentina da dos semanas a Reino Unido para frenar la explotación petrolera en Malvinas Esa legislación establecía restricciones para la adquisición y posesión de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
Entre sus disposiciones estaba un tope del 15 % para la titularidad extranjera sobre el total de las tierras rurales del país, además de límites por nacionalidad y restricciones sobre determinadas zonas. En marzo de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata había declarado inconstitucional el artículo del decreto que eliminaba esa ley, después de una presentación realizada por el CECIM. El Gobierno argentino apeló aquella decisión y el caso terminó en manos de la Corte Suprema.
Ahora, el máximo tribunal dejó sin efecto ese fallo. Como consecuencia, volvió a quedar vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales y dejaron de aplicarse los límites que esa legislación imponía a la propiedad rural extranjera. Te puede interesar: Javier Milei enfrenta protestas en Argentina: las razones detrás de las movilizaciones La Corte no resolvió si el decreto es constitucional Este punto resulta clave para entender el alcance de la decisión.
La Corte Suprema sostuvo que el CECIM no estaba legitimado para promover la demanda en esos términos y que no se configuraba un caso o controversia que permitiera analizar la constitucionalidad del artículo 154. Por eso, el fallo no establece que la derogación de la Ley de Tierras Rurales sea constitucional.
El propio tribunal dejó claro que su decisión se limitó a rechazar la demanda por la falta de legitimación de la organización y por la ausencia de un caso concreto. Con la resolución, sin embargo, la norma del DNU que había eliminado las restricciones queda nuevamente operativa. El antecedente que generó la disputa La Ley 26.737 había sido sancionada en 2011 y buscaba establecer controles sobre la propiedad y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros.
Además del límite general del 15 %, contemplaba restricciones para un mismo titular extranjero y prohibiciones relacionadas con determinados cuerpos de agua y zonas de seguridad de frontera. La discusión volvió a tomar fuerza este año, cuando el Gobierno de Milei impulsó en el Congreso un proyecto relacionado con la protección de la propiedad privada que incluía cambios al régimen de tierras.
El capítulo que modificaba las restricciones para la adquisición de tierras rurales por extranjeros fue retirado antes de que el Senado debatiera la iniciativa. Por esa razón, el escenario que queda ahora surge principalmente de la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023 y del reciente fallo de la Corte Suprema.
Tierras Rurales Extranjeros Corte Suprema Ley 26.737 Decreto 70/2023
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